La exfiscal general que encabezó la lucha contra la corrupción en Guatemala, envió a un presidente a la cárcel y desarticuló varias estructuras criminales quiere involucrarse en política y no descarta ir por la presidencia.
Así lo indicó Thelma Aldana en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Washington, donde denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado guatemalteco incumple las medidas cautelares de resguardar su seguridad física y la de su familia que mantiene desde 2016 tras recibir amenazas de muerte.
Aldana aseguró que busca establecer alianzas con diferentes partidos que tengan sus mismos intereses: la lucha anticorrupción y el fortalecimiento de las instituciones del país.
"Lo que estoy buscando es una plataforma incluyente a la que tengan acceso mujeres y hombres, pueblos indígenas, migrantes, empresarios. No descartamos a nadie, solo a los corruptos", dijo Aldana y agregó que "no lo descarto" al ser interrogada sobre si buscaría la presidencia.
De todos modos, enfatizó que "desde la oposición también se pueden hacer propuestas".
La principal crítica que ha recibido la exfiscal desde que comenzó a hablarse de una posible carrera política es que los casos contra la corrupción que impulsó podrían haber estado relacionados con esa intención.
El expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), a quien Aldana acusó por una millonaria defraudación aduanera que lo llevó a renunciar al cargo junto a su vicepresidenta, ha sostenido reiteradamente que su caso es político.
Pérez Molina está preso desde 2015 a la espera de ser juzgado. En el mismo sentido el expresidente Álvaro Colom, también bajo arresto por los supuestos delitos de malversación de fondos del transporte público durante su gestión (2008-2012), ha dicho que es un perseguido político. El mismo argumento ha utilizado el actual presidente Jimmy Morales, acusado de varios delitos de corrupción.
Aldana había pedido el retiro de la inmunidad de Morales para poder investigarlo por financiamiento electoral ilícito, pero la nueva fiscal general Consuelo Porras no presentado formalmente la solicitud aduciendo que aún faltan documentos en el caso.