Caso de Berta Cáceres

Exigen que misión internacional investigue asesinato de ambientalista en Honduras

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Se han realizado diversas protestas para exigir justicia por el caso del asesinato de Cáceres. Se han realizado diversas protestas para exigir justicia por el caso del asesinato de Cáceres.
Se han realizado diversas protestas para exigir justicia por el caso del asesinato de Cáceres. AFP

Indígenas y familiares de la asesinada ambientalista hondureña Berta Cáceres se manifestaron este martes frente al Ministerio Público (MP) para exigir una “comisión internacional independiente” que investigue el crimen, ante la desconfianza en el gobierno.

Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), procedentes del oeste del país, se ataron con cadenas en frente a las oficinas del MP en la exclusiva zona de Lomas del Guijarro, en el este de la capital.

“Estamos manifestándonos para exigir el nombramiento de una comisión internacional con independencia y autonomía que investigue el asesinato de la compañera Berta Cáceres”, afirmó a la AFP la hija de la ambientalista asesinada, Laura Zúniga Cáceres.

Añadió que “no ha habido voluntad política” del MP y del gobierno de investigar el crimen y “se limitan a dar comunicados de prensa y no tenemos confianza” en las autoridades de que puedan investigar el asesinato.

“Los comunicados son para tratar de quitarse la presión internacional para que este crimen no quede impune", denunció Zúñiga.

Acusó a la compañía DESA (Desarrollos Eléctricos S.A.) de haber amenazado a su madre, y denunció que se comenzó a indagar a la empresa recién 11 días después del asesinato, “cuando tuvieron tiempo para borrar evidencias”.

Cáceres fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su casa en la ciudad de La Esperanza (oeste).

Como coordinadora general de Copinh, Cáceres había encabezado protestas contra DESA, que construye una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio de los indígenas lencas, por lo que había recibido amenazas de muerte.

A raíz de sus denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, había dictado medidas cautelares pero en el momento del asesinato carecía de seguridad por parte del Estado.

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