La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner compareció este lunes por segunda vez ante el tribunal que la juzga por presunta corrupción durante su gobierno (2007-2015), en una audiencia dedicada a la lectura de cargos contra ella y otras 12 personas.
Senadora del peronismo de izquierda y también aspirante a la vicepresidencia para los comicios del 27 de octubre, Fernández de Kirchner había solicitado al tribunal que la exceptúe de asistir a esta segunda sesión.
El tribunal lo autorizó, pero a condición de que acredite una justificación, por lo que la exmandataria finalmente decidió acudir.
"Como en este caso podía ser sujeto a interpretación, la recomendación fue de presentarse. Ella siempre va a estar a derecho", explicó Gregorio Dalbón, uno de sus abogados.
La expresidenta corría el riesgo de ser declarada en rebeldía si se ausentaba sin la correspondiente dispensa del tribunal.
Fernández de Kirchner, de 66 años, tiene una docena de causas abiertas por presunta corrupción y cinco pedidos de prisión preventiva, de la que está exenta debido a sus fueros parlamentarios.
Como lo hizo el lunes pasado en la primera audiencia del juicio, Fernández de Kirchner ingresó sonriente y puntual al tribunal.
La causa, conocida como Vialidad, tiene 13 imputados y es la primera que llega a juicio oral. Se calcula que se extenderá por un año en audiencias semanales en las que deberán testificar más de un centenar de personas.
A Fernández de Kirchner se la acusa de haber liderado una asociación ilícita para favorecer al empresario Lázaro Báez, cercano a los Kirchner, en concesiones para obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur).
El juicio se sustanciará en paralelo a la campaña electoral en la que Kirchner se presenta como compañera de fórmula de su exjefe de gabinete, Alberto Fernández.
Fernández de Kirchner alega que el juicio es una "persecución política con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo en plena campaña electoral".
Fernández de Kirchner y el resto de los acusados, entre ellos su exministro de Obras Públicas, Julio de Vido, tienen obligación de presenciar la lectura de cargos. También deberán estar presentes durante las indagatorias, los alegatos y para escuchar el veredicto, según Dalbón.