El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, quedó el jueves bajo arresto por su presunta implicación en un creciente escándalo de corrupción que sacude la justicia en Colombia.
Ricaurte, el primer exmagistrado del alto tribunal detenido, es señalado como parte de una red en la que políticos pagaban millonarias sumas para que los procesos de la corte los favorecieran.
Un juez declaró legal la captura al aceptar cuatro cargos penales contra Ricaurte relacionados con asociación para delinquir, sobornos, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada. En caso de una condena podrían sumar 20 años de prisión.
"La investigación contra el exmagistrado Ricaurte Gómez tiene que ver con hechos relacionados, presuntamente, con corrupción en la administración de justicia", señaló la Fiscalía en un comunicado.
Francisco Ricaurte será imputado por concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias,uso abusivo información privilegiada
Francisco Ricaurte será imputado por concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias,uso abusivo información privilegiada
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 21, 2017
El escándalo involucra también a otros jueces, exlegisladores, un exgobernador y al destituido fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, solicitado en extradición por Estados Unidos por sus actuaciones cuando era un abogado que litigaba ante las altas cortes.
Moreno, detenido desde hace dos meses, asegura entre otras que le entregó a Ricaurte 550 millones de pesos (unos 188 mil dólares) como parte del pago de un excongresista.
El exmagistrado se declara inocente y señaló el jueves a Moreno de ser "un falso testigo". Ricaurte se convirtió en presidente de la Corte Suprema en el año 2008. Tras salir del tribunal en 2012, compartió oficina con Moreno.
Los magistrados en Colombia cuentan con un fuero especial, bajo el cual son investigados por el Congreso. Pero Ricaurte no era magistrado en el momento de los presuntos pagos, entre 2014 y 2015. Su caso está en manos de la Fiscalía.
Antes de que estallara el escándalo, Ricaurte aspiraba a ser magistrado en la Jurisdicción Especial para la Paz contemplada en el histórico acuerdo de paz que sellaron en noviembre el gobierno y la guerrilla de las FARC.