Un juez envió este viernes 27 de octubre a juicio al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a su entonces vicepresidenta Roxana Baldetti acusados de supuesta corrupción.
El juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo de la causa, confirmó que a su criterio era probable la participación de ambos en los delitos de defraudación aduanera y agregó que la estructura en que supuestamente participaban habría recibido sobornos millonarios.
La decisión del juez, que se demoró cuatro días debido a que hay 30 acusados en el caso, ocurre dos años y medio después de que la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) hicieran pública una investigación sobre una estructura integrada por los exmandatarios, funcionarios, empresarios y particulares involucrados en una supuesta defraudación aduanera por varios millones de dólares.
La fiscalía acusa a Pérez Molina y a Baldetti, quienes gobernaron Guatemala entre 2012 y 2015, de ser los líderes de la estructura denominada “La Línea” que a través de sobornos y comisiones pagadas en las principales aduanas del país defraudaran al Estado.
Tanto Pérez Molina como Baldetti han negado los cargos y responsabilizado a la fiscal general Thelma Aldana y al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, de “inventar” un caso sin pruebas contra ambos.
Entre las evidencias proporcionadas por la fiscalía hay miles de escuchas telefónicas de los involucrados supuestamente poniéndose de acuerdo para repartir los sobornos, documentos y testimonios de dos colaboradores: Juan Carlos Monzón, exsecretario privado y mano derecha de Baldetti, y Salvador González, exfinancista de la organización, quienes delataron cómo funcionaba la estructura.
Baldetti está presa acusada en cuatro supuestos casos de corrupción mientras que Pérez Molina está acusado en dos casos. Ella ya fue enviada a juicio por uno de los casos de corrupción, mientras que este es el primer caso para el exmandatario.
Debido a las decenas de recursos legales presentados por la defensa de varios de los procesados, el avance del caso se ha retrasado. Tras el anuncio de la investigación en abril de 2015, miles de guatemaltecos salieron a las calles a protestar contra los exmandatarios, que se vieron obligados a renunciar a sus cargos.