CORRUPCIóN

Exviceministro colombiano acepta cargos por caso Odebrecht

En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó documentos sobre supuestos sobornos multimillonarios por parte de Odebrecht, para obtener contratos, en varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia.

Exviceministro colombiano acepta cargos por caso Odebrecht
Exviceministro colombiano acepta cargos por caso Odebrecht

El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, que ocupó el cargo durante el gobierno de Álvaro Uribe, aceptó este domingo los cargos por corrupción que le imputó la Fiscalía de Colombia en un caso relacionado a contratos con la constructora brasileña Odebrecht.

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"García, exviceministro de Transporte, aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por los hechos que lo vinculan con las irregularidades en la adjudicación de los contratos del Tramo Dos de la Ruta del Sol", dijo la Fiscalía en un comunicado.

El exfuncionario, deberá responder por "los delitos de cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito", precisó la dependencia.

Según las investigaciones, García —que fue capturado el pasado jueves— habría recibido 6.5 millones de dólares por favorecer la adjudicación del contrato a la firma brasileña.

El exviceministro se encargó de excluir a otros competidores para que el desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (INCO), que para la época estaba a su cargo, adjudicara la concesión a Odebrecht.

El sábado las autoridades detuvieron al exsenador Otto Nicolás Bula, del oficialista partido Liberal, al que la Ficalía investiga por presuntamente incurrir en una “presunta violación al régimen de cambios internacionales”.

Según la investigación, una sucursal en Colombia de Odebrecht contrató a Bula en 2013, mediante la modalidad de ‘honorarios por resultado o cuota de éxito’ con el objeto de obtener el contrato de la vía Ocaña - Gamarra (noreste colombiano).

La Fiscalía indicó que Odebrecht pagó 11.1 millones de dólares en sobornos en Colombia por contratos públicos.

En el proceso, la empresa brasileña solicitó un principio de oportunidad a la Fiscalía, mostrándose dispuesta a reparar al estado colombiano.


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