La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner involucró el martes a funcionarios del actual gobierno de Mauricio Macri como parte de la operatoria con dólar futuro del Banco Central que le causó millonarias pérdidas al Estado y por la cual ella misma está imputada.
En un escrito presentado al juez federal Claudio Bonadío, quien lleva adelante la investigación por el delito de fraude al Estado, y publicado a través de redes sociales, Fernández denunció a José María Torello, jefe de asesores del actual presidente; Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas, y Eduardo Quintana, secretario de Coordinación Interministerial como "supuestos beneficiarios ilícitos de la compra de dólar a futuro".
En el mismo documento, Fernández manifestó tener la sospecha de que el juez Bonadío dictará su procesamiento en forma inminente y que por ello "resulta apropiado que quede una prueba concreta más de la manera ilegal sobre cómo se desarrolla este proceso".
El magistrado considera a la expresidenta partícipe de una maniobra por la cual el Banco Central ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo, bajo un nuevo gobierno. Según el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77 mil millones de pesos (unos 5 mil 273 millones de dólares al cambio actual).
Fernández, quien se presentó en los tribunales hace una semana por esta causa, niega los cargos y sostiene que es víctima de una persecución judicial que busca enviarla a prisión y silenciarla justo en momentos en que, según ella, el gobierno de Macri lleva adelante un feroz ajuste que ha llevado a la pérdida de las "conquistas sociales" logradas durante su gestión (2007-2015).
En su comparecencia el último miércoles, la ex gobernante no aceptó preguntas de Bonadío y presentó un descargo por escrito, que amplió este martes con extractos de una investigación periodística sobre los supuestos beneficiarios de la operatoria con dólar futuro.
Según el reporte, los funcionarios arriba mencionados participaron de esta operatoria a través de agentes de liquidación por montos que van de los 800 mil dólares al 1.4 millón de dólares.
También fue mencionado el empresario de la construcción Nicolás Caputo, amigo de la infancia de Macri. "Entre los supuestos beneficiarios ilícitos de la compra de dólar a futuro... terminaron apareciendo los funcionarios de su propio gobierno o bien empresarios del círculo más íntimo del presidente de la Nación Mauricio Macri", manifestó Fernández, quien carece de fueros que le otorguen inmunidad.
Consultado sobre las acusaciones de la expresidenta, el actual jefe de gabinete de ministros Marcos Peña expresó que "cada uno cuando hace política toma el camino que prefiere y el de la ex presidenta es el camino de la mentira y la agresión...sería mejor que usara la energía para explicar judicialmente su situación".
En referencia al juez Bonadío, Fernández indicó que "no tengo dudas que habrá de relativizar obedientemente este tipo de información" pero consideró que "este cuadro de arbitrariedades no habrá de durar para siempre; por ende resulta apropiado que quede una prueba concreta más de la manera ilegal sobre cómo se desarrolla este proceso, máxime cuando el dictado de mi procesamiento...sería una cuestión de pocos días".
El delito que se le imputa a Fernández contempla penas de cinco a 20 años de prisión.