BOGOTÁ, Colombia. (DPA). -El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, reveló hoy que desde un centro de espionaje descubierto en Bogotá se buscaba afectar el proceso de paz que protagonizan en Cuba el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
La oficina desde donde se efectuaba la interceptación de correos electrónicos terminó de ser registrada esta mañana por agentes de la Fiscalía.
Una persona fue capturada.Montealegre dijo que las primeras pesquisas a las computadoras decomisadas indican que desde ese lugar, que funcionaba en un sector elegante de Bogotá como fachada de un centro de informática, se espiaban correos electrónicos estrechamente vinculados con las negociaciones de paz.
Según el funcionario, se ha logrado establecer que uno de los correos pertenece al jefe de prensa en La Habana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en tanto que otro corresponde a una casilla institucional del gobierno colombiano.
Otros dos correos son de periodistas cubanos que cubren el proceso."Eventualmente se pudo haber interceptado correos del presidente de la República (Juan Manuel Santos)", dijo el fiscal general, tras calificar el hecho como algo "supremamente grave".
En la operación del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía fue detenido un hombre que estaba en la oficina, quien se presentó ante las autoridades como experto en informática y que pertenecía al equipo de redes sociales del candidato a la presidencia por el partido derechista Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga.Zuluaga, quien sigue las orientaciones del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el principal líder de la oposición, explicó en un comunicado que el ingeniero y su esposa, hija de una famosa actriz colombiana, trabajaban como asesores de comunicación de su campaña "para transmitir en lenguaje sencillo las propuestas programáticas".
Asimismo, el candidato rechazó "cualquier utilización que se pretenda hacer en el marco de la campaña electoral de los hechos denunciados".
Montealegre dijo que hasta ahora se ha logrado establecer que se trataba de un centro de espionaje de particulares, aparentemente sin participación de organismos de inteligencia estatales, y que la información que allí se recopilaba "era negociada en el mercado colombiano".