Franklin Nieves, exfiscal del caso del opositor venezolano Leopoldo López, reiteró en una entrevista en Miami, Estados Unidos, con la cadena de noticias CNN en español, que todo lo que rodeó el enjuiciamiento del político fue "cien por cien falso", y aseguró que los máximos responsables de lo sucedido son el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
"A mí me asignaron la persecución, si se quiere decir, del ciudadano Leopoldo López", enfatizó.
El exfiscal que pidió perdón a López y su familia por segunda vez -ayer, 27 de octubre de 2015-, dijo no tener intención de evadir su responsabilidad penal, admitió haber violado derechos humanos de forma sistemática y aseguró que en Venezuela Maduro da las órdenes "para apresar a cualquiera".
"Una de las razones [por las que no decidió abandonar el caso y denunciar antes lo ocurrido] fue el miedo que genera ser un fiscal en Venezuela y las presiones que ejercen cada uno de nuestros jefes", indicó Nieves, quien tildó los procesos judiciales en el país de "caprichos" de los altos jerarcas venezolanos.
"En ningún momento se demostró que López hubiese realizado tan siquiera un solo llamado a la violencia o a que incendiaran el Ministerio Público. (...) En todo momento llamaba a la calma a sus seguidores", apuntó.
El pasado lunes, 26 de octubre, la fiscal general, Luisa Ortega, negó las acusaciones de Nieves, descartó que vayan a tener alguna "consecuencia judicial" que beneficie a López y anunció la destitución de Nievespor haber faltado a su trabajo tres días consecutivos. Incluso dijo que el exfuncionario había perdido su jubilación.
El líder de Voluntad Popular fue condenado el 10 de septiembre pasado a casi 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio en relación con la violencia registrada en la sede de la Fiscalía tras una marcha antigubernamental convocada, entre otros, por el político opositor el 12 de febrero de 2014.
ESTADOS UNIDOS REACCIONA
Estados Unidos expresó ayer su inquietud por las posibles presiones políticas a Nieves y afirmó que ponen en duda la "independencia judicial en Venezuela".
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, reaccionó en un comunicado a las declaraciones de Nieves, que durante más de un año se dedicó con otros fiscal, Narda Sanabria, a formular las acusaciones contra López.
"Si son ciertas, estas declaraciones subrayan la falta de independencia judicial y de adherencia al debido proceso legal en Venezuela", aseguró Kirby. "Llamamos al Gobierno venezolano a respetar los derechos de todos los prisioneros políticos y a garantizar un juicio público justo y transparente, de acuerdo con la declaración americana de los derechos y deberes del hombre, la Carta Democrática Interamericana (...) y la Constitución venezolana", agregó.
Kirby reiteró la petición estadounidense "para que el Gobierno venezolano libere a todos los venezolanos encarcelados por razones políticas, incluido Leopoldo López".
Tras estas declaraciones del portavoz estadounidense, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, se expresó en Twitter: "Venezuela rechaza por insolentes declaraciones del vocero del Dpto Edo. John Kirby que arremete contra los poderes públicos de nuestra Patria".
Venezuela rechaza por insolente declaraciones del vocero del Dpto Edo. John Kirby que arremete contra los poderes públicos d nuestra Patria
Venezuela rechaza por insolente declaraciones del vocero del Dpto Edo. John Kirby que arremete contra los poderes públicos d nuestra Patria
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) October 28, 2015
Para la canciller venezolana "es vulgar" la forma como Estados Unidos "chantajea, amenaza y compra fiscales en América Latina para impedir la justicia y satisfacer sus intereses". "Estados Unidos tiene el atrevimiento de hablar de falta de independencia judicial en Venezuela, y en ese país su Presidente designa altos magistrados", alegó.
Rodríguez manifestó que Estados Unidos "más nunca dictará órdenes a la Patria de Bolívar y Chávez", y pidió al Gobierno de Barack Obama que "se encauce conforme al Derecho Internacional".