Personal de la Procuraduría General de México (PGR) interrogará hoy, martes 11 de agosto de 2015, al gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte, en el marco de la investigación del homicidio múltiple ocurrido el pasado 31 de julio, y específicamente por los homicidios del reportero gráfico, Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera Pérez.
Y es que Espinosa y Vera habían denunciado amenazas por sus respectivas labores y responsabilizaron a Duarte de cualquier cosa que pudiera sucederle a ellos o a sus familias.
En un video de rompeviento.tv quedó constancia de la denuncia de Vera. En él se narra que hace ocho meses, durante una entrevista, la activista –quien fue abusada y torturada sexualmente y luego asesinada- se mostró atemorizada, que volteaba constantemente hacia la puerta o ventana del lugar en el que se encontraban, como si alguien los estuviera espiando.
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, confirmó al diario mexicano El Universal haber conversado con Duarte para notificarle que debía rendir una “declaración directa” y que había dos formas de hacerlo: haciéndole llegar las preguntas a través de un oficio o ir a tomar su declaración.
Expresó que Duarte se manifestó dispuesto a que lo fueran a interrogar y que, además, envió una nota -fechada el 10 de agosto- en la que reiteró la “absoluta disposición de mi gobierno de ofrecerle toda la colaboración institucional y aportar la información que la Procuraduría General de Justicia requiera en esta investigación”.
La declaraciones de Mancera se dieron en el acto de promulgación de la Ley de Protección Integral de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal ayer, al término del cual refrendó su compromiso para agotar todas las líneas de investigación del multihomicidio de la Narvarte, “hasta estar satisfechos”, reportó El Universal.
Según el diario La Jornada, Mancera informó que en el interrogatorio al que se someterá a Duarte se incluirán preguntas que aportará la organización Artículo 19, que participa como coadyuvante en el proceso.
El director de Artículo 19, Daría Ramírez –quien participó en la promulgación de la ley-, recordó a Espinosa “como un fotorreportero comprometido, profesional y solidario, quien junto con Vera hacía un trabajo fundamental en Veracruz. Tanto, que por ese motivo tuvieron que salir de manera urgente de ese estado” y ambos buscaron en la ciudad de México un lugar seguro para seguir ejerciendo la defensa de los derechos humanos y el periodismo, informó La Jornada.
En tanto, el diario Excelsior explicó que la toma de declaración del gobernador se deriva de la línea de investigación de la actividad profesional y el activismo de Espinosa y Pérez, dos de las cinco personas asesinadas en un departamento ubicado en la calle Luz Saviñón, colonia de la delegación Benito Juárez.
‘LA ÚNICA DENUNCIA DE ESPINOSA FUE EN 2013’
Ayer, el mismo día que el gobernador de Veracruz aceptó que la Procuraduría General de Justicia fuera a tomarle declaración por los homicidios de Espinosa y Vera, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que desde que se enteró del asesinato ofreció “colaboración institucional al Gobierno del Distrito Federal”, y en la que aseguró que sólo recibió una denuncia del reportero gráfico.
Detalló que la denuncia fue hecha por Espinosa en 2013, por un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ante la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR. Agregó que el Estado sigue colaborando para que se haga justicia y que su gobierno está a favor de la libertad de expresión y en contra de quienes la vulneran.
Precisó que de 11 homicidios de periodistas ocurridos en Veracruz [desde 2010], ocho están en manos de la PGR y tres están a cargo de la Fiscalía General del Estado y ya han sido esclarecidos.
Por último, aseguró que los periodistas que solicitan ayuda o protección la reciben. En 2014, indicó, se hicieron 675 acciones en apoyo de periodistas de 92 municipios de Veracruz.
No obstante, el sitio web de noticias animalpolitico.com publicó una extensa nota sobre el multihomicidio, en la que señala que "aunque nadie ha podido demostrar que el gobernador Duarte tenga algo que ver con la violencia contra la prensa, se le critica por el ambiente negativo para el ejercicio de la libertad de expresión en Veracruz. Ha acusado a los periodistas de estar relacionados con el crimen organizado. Ha encarcelado a blogueros y amenazado a un fotógrafo con terminar tras las rejas por denunciar la aparición de autodefensas en el estado".
Asimismo, el diario digital aseguró que "la administración de Duarte siempre ha sido ágil a la hora de achacar los crímenes contra periodistas a motivos personales. En tres de los casos de más impacto, con reporteros asesinados tras escribir sobre corrupción, las autoridades dijeron que una murió durante un asalto y otro de una venganza personal. En el tercero de los casos se negó a aceptar que la víctima fuera periodista y se escudó diciendo que pluriempleaba como taxista".
Daniel Pacheco Gutiérrez, de 41 años, es el único detenido a la fecha por su presunta participación en el homicidio múltiple, aunque él solo reconoce el delito de robo. Se le imputan los delitos de feminicidio en agravio de cuatro personas, así como homicidio y robo agravado en pandilla. Las autoridades buscan a dos supuestos cómplices, según diarios mexicanos. Las autoridades mantienen a Pachecho con vigilancia durante las 24 horas del día y alejado de los demás convictos pues temen un atentado en su contra por haber aportado información del hecho.
El pasado 3 de agosto, en un comunicado, la organización de defensa de la libertad de expresión y de prensa Artículo 19 señaló que el homicidio de Espinosa marca un nuevo hito en la violencia contra la prensa en México. “Es la primera vez que un periodista desplazado es asesinado en el Distrito Federal. ARTICLE 19 ve con suma preocupación que la Ciudad de México deje de ser el refugio seguro que albergaba a decenas de periodistas desplazados de otras entidades”.
Asimismo, hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que hagan todo lo posible para que se haga justicia. Al mismo tiempo, pidió a la Procuraduría General disponer de todos los recursos del Estado para dar con los responsables del homicidio.