LA PAZ, Bolivia. XINHUA.- El gobierno de Bolivia desestimó este lunes, 5 de marzo, instaurar la pena de muerte para asesinos y violadores, como exigen diferentes sectores sociales ante la creciente ola de acciones delictivas en el país.
"No es la ley del Talión, el ojo por ojo, lo que va a resolver este tema (...) no debemos responder a la violencia con violencia vecinal, a cambio debemos reaccionar con las instituciones y las normas vigentes para sancionar a la delincuencia", afirmó el ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa.
Romero manifestó su preocupación por la creciente espiral de peticiones para que se instituya la pena de muerte, ante el creciente índice de casos delictivos en los que se incluyen asesinatos.
A este rechazo se sumaron los legisladores del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas y Héctor Arce, quienes descartaron la incorporación de la pena de muerte en el Código Penal.
Rojas y Arce aseguraron que el país cuenta con varios tratados internacionales firmados que preservan la vida, antes de aplicar una sanción que signifique quitarla. Mientras ingresa en debate la pena de muerte, el sábado anterior fue linchado un individuo en la ciudad de El Alto, tras ser sorprendido por los vecinos "infraganti" en un caso de robo.
El director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, coronel Félix Rocha, informó este lunes sobre el fallecimiento de una persona de sexo masculino, con signos de graves quemaduras, en un barrio populoso de esa ciudad boliviana, donde enardecidos vecinos lincharon al presunto ladrón.
Ante estos hechos, el ministro admitió que estas peticiones muestran sentimientos de impotencia, venganza y desesperación de la población ante la violencia con que actúan los delincuentes, sin embargo descartó la pena capital.
Miles de vecinos de la Ciudad de El Alto exigieron el pasado viernes la pena de muerte para los asesinos y violadores, además pidieron garantizar la seguridad ciudadana en Bolivia, en una masiva marcha que llegó hasta la contigua urbe de La Paz, sede de gobierno.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), Rubén Paz, dijo que habitantes de diferentes zonas en Bolivia exigen a los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial la modificación del Código del Procedimiento Penal para que en un plazo expedito se dicte sentencia a quienes son aprehendidos en forma infraganti.
