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Gobierno argentino desclasifica toda la documentación secreta del atentado a la AMIA

El Gobierno argentino dispuso la desclasificación de toda la información relacionada con la investigación del atentado contra un centro judío en 1994, que tiene como sospechosos a exmiembros del gobierno iraní y por el que no hay condenados.

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El atentado a la AMIA en 1994 dejó 85 muertos y 300 heridos. El atentado a la AMIA en 1994 dejó 85 muertos y 300 heridos.
El atentado a la AMIA en 1994 dejó 85 muertos y 300 heridos. LA PRENSA/Archivo

El Gobierno argentino dispuso la desclasificación de toda la información relacionada con la investigación del atentado contra un centro judío en 1994, que tiene como sospechosos a exmiembros del Gobierno iraní y por el que no hay condenados. Al evaluar la medida publicada en el Boletín Oficial, el jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo el viernes a periodistas que esto implica que toda la información sobre el ataque se haga pública y "se pueda analizar cada segundo de lo sucedido".

La idea es que los familiares de las 85 víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) "puedan acceder" a la documentación existente, dijo Fernández, según el cual el Gobierno "ha tenido por vocación siempre que dejara de ser secreto algo que nos importaba a todos por los 21 años que vamos a estar llevando ya del atentado sin respuestas".

La medida establece que a petición de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA se dispone "la desclasificación de la totalidad de la documentación que fuera remitida en custodia" a esa Unidad Fiscal y "de la documentación adicional a la que oportunamente fuera seleccionada en el ámbito de la Unidad de Relevación de Información de la ex Secretaría de Inteligencia" que actualmente está en poder de la Agencia Federal de Inteligencia, creada semanas atrás por una ley del Congreso.

Asimismo establece la desclasificación "de toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar de interés para la investigación".

El boletín no especificó la forma en que se hará pública esta información. "Es un paso importante", afirmó Julio Schlosser, titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la otra institución judía más importante en Argentina además de la AMIA, al evaluar la decisión gubernamental. Schlosser dijo a la Agencia Judía de Noticias que "siempre cuando hay una medida que tiende al esclarecimiento de la causa tenemos las mejores expectativas, pero no sabemos realmente qué contienen esos archivos". En tanto, Miguel Ángel Toma, titular de los servicios de inteligencia en 2002 y parte de 2003, desconfió que se haga pública toda la información secreta relacionada con el ataque.

"Si es de acceso público yo voy a hacer un exhaustivo análisis de la información publicada y si no estuvieran la totalidad de los elementos hasta 2003 me constituiré en querellante para que se difunda todo", señaló a The Associated Press. Agregó que la desclasificación debería contemplar "tachar en negro" en el documento original lo que pueda afectar a la seguridad de fuentes o testigos y aquello que pueda dar a entender cuál fue la metodología empleada en la investigación.

Una camioneta cargada de explosivos voló la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Alberto Nisman, quien en 2004 fue designado titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado, imputó a ocho exfuncionarios y exdiplomáticos iraníes como autores intelectuales del ataque.

Sobre cinco de los acusados pesan alertas rojas o prioridades de búsqueda de Interpol, entre ellos el exministro de Información Ali Fallahian y el que fuera secretario de Cultura de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani. El régimen iraní siempre negó cualquier vinculación de Teherán con el ataque.

El fiscal Nisman fue hallado muerto en enero pocos días después de denunciar a la presidenta Cristina Fernández de haber encubierto a los iraníes acusados del atentado. La investigación del ataque a la AMIA estuvo plagada de irregularidades. El expresidente Carlos Menem (1989-1999), un ex juez federal y un extitular de la Secretaría de Inteligencia, entre otros, están a la espera de ser juzgados por haber intentado desviar la investigación y otras graves irregularidades que derivaron en la anulación de gran parte de la pesquisa.

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