Un grupo de 31 exJefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea) se pronunciaron hoy, 23 de septiembre de 2015, sobre los hechos recientes de Venezuela, cuestionando, entre otras cosas, la declaratoria del estado de excepción en la frontera común con Colombia, el uso de la justicia para condenar y perseguir a los opositores al régimen, y el desacato a una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.
En cuanto al estado de excepción, decretado el pasado 21 de agosto y que hoy alcanza a unos 23 municipios de los estados fronterizos de Táchira, Zulia y Apure, los firmantes aducen que esta medida -que implica la obligada supervisión de los organismos internacionales de derechos humanos- "no puede desvincularse del 'ejercicio efectivo de la democracia representativa', ya que carece de legitimidad cuando se utiliza para atentar contra la misma democracia, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona", en clara alusión a las denuncias de violaciones de los derechos humanos, como las señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que conminó al estado venezolano a cumplir con las leyes nacionales e internacionales en materia de deportaciones y a no destruir los bienes de esas personas que se encuentran en situación irregular, por mencionar una parte de su pronunciamiento.
Sobre los señalamientos de persecución a quienes adversan el sistema de gobierno vigente, se refirieron específicamente al fallo dictado el pasado 10 de septiembre por la jueza Susana Barreiros, quien condenó al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, instigación pública, daños e incendio, por los hechos de violencia ocurridos el 12 de febrero de 2014 tras una multitudinaria manifestación y las protestas que siguieron durante unos tres meses, que se saldaron con 43 muertes, centenares de heridos y procesados judiciales.
También mencionaron los casos del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue detenido hace siete meses en medio de un operativo violento, por unidades encapuchadas, y quien se acusa asociación ilícita y conspiración, tras ser vinculado por el mandatario a un supuesto golpe, tras ligarlo a un pronunciamiento firmado por él, López y María Corina Machado, denominado “Acuerdo Nacional para la transición”. Ayer, por sexta ocasión consecutiva, se pospuso la audiencia preliminar.
Machado fue inhabilitada por la Contraloría de la República para correr en las elecciones legislativas y el 3 de agosto cuando acudió a inscribirse se le negó la inscripción.
Los exmandatarios también hacen alusión a los comicios legislativos previstos para el 6 de diciembre próximo, los cuales, consideran imprescindible realizar en el marco de la situación que vive el país y que se ha visto agravada con las acciones adoptadas recientemente por el presidente Nicolás Maduro.
"Las elecciones libres y la libertad de expresión, particularmente la libertad de debate político, forman juntas el cimiento de la democracia. Por consiguiente se considera indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a toda elección, dado que el debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información, sin por ello verse perseguida", concluyen los exjefes de Estado y de gobierno, quienes demandan a la opinión pública internacional que, en virtud del complejo contexto de anormalidad descrito, otorguen su decidido apoyo y escrutinio al proceso, a fin de garantizar a los venezolanos que puedan acudir a las urnas de forma pacífica y constitucional.
Señalan, que constatada la situación de suspensión de garantías vigente en Venezuela y la consiguiente militarización de sus territorios fronterizos, no debe admitirse que ello implique la suspensión de la democracia y del Estado de Derecho, en lo específico, que obstaculice la realización general de las elecciones parlamentarias.
"El rescate de la confianza en el voto como medio democrático para resolver los problemas y desviaciones que sufre la democracia, antes bien y con independencia del 'acompañamiento' que ya pidiera el poder electoral venezolano a la UNASUR, exige de una observación internacional imparcial y técnicamente calificada – dado el complejo y sofisticado sistema electrónico de elecciones establecido en Venezuela – por parte de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, y la Unión Europea", señala otro punto de la declaración.
También hacen un llamado a que se garantice la no utilización de los recursos humanos o materiales del Estado para favorecer a una tendencia determinada, que haya acceso libre y equitativo a los medios de comunicación social, que se dé acceso al registro electoral y su auditoría a los partidos políticos. Asimismo, advierten de que para el día de los comicios es imprescindible la apertura y el cierre legal y oportuno de las mesas de votación y la posibilidad de que sean contados todos los votos sufragados, para ser contrastados con los resultados electrónicos ofrecidos, a fin de asegurar la transparencia del proceso.
Idea nació con la firma y presentación de la Declaración de Panamá sobre Venezuela el 9 de abril de 2015, a propósito de la VII Cumbre de las Américas, y a la que siguió la Declaración de Caracas de 29 de mayo de 2015. De acuerdo con su sitio web se trata de un foro internacional no gubernamental de ex presidentes, "demócratas respetuosos de la alternabilidad democrática durante sus desempeños, que patrocina la Fundación IDEA-Iberoamérica como su objeto primordial". "Desde la sociedad civil y la opinión pública observa y analiza los procesos y experiencias democráticos iberoamericanos, reflexiona sobre las vías y medios que permitan la instalación de la democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado, así como favorecer su defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra ya radicada", señala la organización.
Por Panamá, la declaración la firman los expresidente Ricardo Martinelli, Mireya Moscoso y Nicolás Ardito-Barletta. Entre otros de la región se encuentran: Andrés Pastrana, Colombia; Sebastián Piñera, Chile; Jorge Quiroga, Bolivia; y Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica.