La renuncia forzada del expresidente boliviano Evo Morales despertó temores en el gobernanate Frente Sandinista de Nicaragua, que desató una agresiva campaña con amenazas de cárcel y balazos contra sus opositores.
Dirigentes del partido del presidente Daniel Ortega advirtieron a opositores que "no se enreden" por lo ocurrido en Bolivia porque en Nicaragua "los revolucionarios están armados".
Para la oposición, esos mensajes son una forma de atemorizar a la población para que no se manifieste.
"Entramos a una etapa de radicalización del régimen producto del miedo que sienten al ver lo que pasó en Bolivia", reaccionó en Twitter el exdiputado opositor Elíseo Núñez.
La renovada presión la vive un grupo de mujeres que inició una huelga de hambre en un templo católico en la ciudad sureña de Masaya para exigir la liberación de 130 opositores presos.
La policía y simpatizantes sandinistas rodearon la iglesia para asediar a las huelguistas e impedir que sus allegados les lleven agua.
Nicaragua arrastra las consecuencias de la crisis política iniciada por las manifestaciones de 2018 que pusieron en jaque al gobierno de Ortega, cuyas fuerzas de seguridad reprimieron las protestas dejando 325 muertos, centenares de detenidos y 62 mil 500 exiliados, según grupos humanitarios.
Evo Morales renuncio el 10 de noviembre luego de tres semanas de protestas a raíz de denuncias de irregularidades en los comicios del 20 de diciembre. Morales dimitió tras perder el apoyo del ejército y la policía.
Ortega, un aliado de Morales, atribuyó su caída a "un golpe de Estado", y advirtió que tendrá como consecuencia la pérdida de credibilidad en los procesos electorales.
"Hemos apostado a la vía electoral, pero lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral", declaró Ortega la semana pasada en un acto público.
De lo contrario, advirtió, "los pueblos se sentirán con todo el derecho de tomar las armas para buscar el poder por la vía revolucionaria".
El economista Juan Sebastián Chamorro, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), calificó lo dicho por Ortega como una "bravuconada" y una amenaza de destruir lo poco que queda de institucionalidad.