La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarticularon una red de funcionarios públicos que defraudó al Estado en varios millones de dólares al eliminar querellas penales contra empresas que evadían impuestos a cambio de sobornos.
En un boletín de prensa la Comisión informó la detención de 12 personas, tres de ellas representantes de una empresa distribuidora de aceros.
Según las investigaciones la empresa Aceros de Guatemala, una de las mayores fabricantes de acero para la construcción del país y otra empresa se beneficiaron de funcionarios y ex funcionarios para obtener la desestimación de tres demandas que cursaban en su contra por unos 36.6 millones de dólares mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
Además Aceros de Guatemala fue favorecida con devoluciones de crédito fiscal por 12.4 millones de dólares, de los cuales al menos 1.2 millones fueron a parar a manos de los detenidos como sobornos.
"Los delitos que se imputan a esta organización criminal son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal", dijo la Comisión.
Según la fiscalía la investigación se deriva del proceso iniciado contra la red denominada "La Línea" en la que funcionarios, particulares y empresarios también defraudaron al Estado guatemalteco por millones de dólares.
En la investigación de "la Línea" la fiscalía acusa a el entonces presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti de haberse beneficiado, conocido y permitido la operación de la red para defraudar al Estado.
Supuestamente cada uno habría recibido al menos 3.6 millones de dólares en sobornos.
Pérez Molina y Baldetti renunciaron a sus investiduras como mandatarios en 2015 y se encuentran en prisión a la espera de saber si van a juicio.