Un juez guatemalteco ordenó prisión preventiva para Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia acusada de tráfico de influencias por pedir a un juez que dejara en libertad a su hijo, señalado por un caso de corrupción.
La decisión fue tomada por el juez Adrián Rodríguez, quien escuchó la primera declaración de Stalling el jueves y encontró suficientes motivos para ligarla al proceso. Luego decretó un plazo de tres meses para que la fiscalía pueda investigar, presentar evidencias de su acusación y definir si irá a juicio.
La magistrada podría pasar todo ese tiempo detenida. Stalling fue capturada el miércoles, un día después de que Rodríguez y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) giraron la orden.
Al ser detenida, llevaba una peluca y portada un arma, al parecer, para tratar de ocultar su identidad, según informó la Policía Nacional Civil.
Su hijo, Otto Fernando Molina, también está detenido y es acusado por un caso de corrupción relacionado con la obtención de contratos entre una farmacéutica particular y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
El juez a cargo de aquel caso, Carlos Ruano, grabó la conversación en que Stalling le pedía dejarlo en libertad y tras presentar una denuncia salió del país bajo el argumento de que debía proteger su seguridad.
La magistrada ha negado los cargos de tráfico de influencias y ha dicho que la solicitud la hizo como madre —no como magistrada de la Corte Suprema— y que sólo aconsejó al juez cómo podía resolver el caso.
Tras la audiencia, Satalling dijo a periodista que respeta la decisión del juez, que ya esperaba la prisión preventiva y que por su trabajo ya conocía las cárceles. "No me veo nunca mal en un cárcel. Me siento bien", aseguró.
En 2015, Stalling estuvo vinculada a otro proceso. Según una escucha telefónica de ese año, un prófugo acusado de participar en una red que defraudó al Estado por varios millones de dólares decía a otro hombre que la jueza ayudaría a la red a evitar que la justicia los alcanzara.
El caso, denominado "La Línea", sacudió a la clase política guatemalteca y alcanzó las más altas esferas del gobierno. El entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti tuvieron que renunciar a sus cargos, acusados de corrupción. Ambos están en prisión a la espera de un juicio.