La Organización de Estados Americanos (OEA) alertó hoy, miércoles 29 de julio de 2015, sobre las "condiciones precarias" de grupos de haitianos desplazados desde República Dominicana, y advirtió que algunos están "en riesgo" de quedar apátridas.
La OEA "reconoce la existencia de desplazamientos de poblaciones que sobreviven en condiciones precarias", dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al leer las conclusiones de una misión que envió a los dos países.
El organismo regional, con sede en Washington, también observó que "existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad", como consecuencia de un plan de regularización impulsado por Santo Domingo que organizaciones civiles critican como incompleto.
Los expertos de la OEA también recomendaron a los gobiernos de Haití y República Dominicana iniciar un diálogo bilateral para hallar soluciones a la disputa migratoria. "Se recomienda que se organice un encuentro entre los dos países en el lugar más apropiado y aceptado por ambas partes", leyó Almagro.
Regularización
El informe de solo tres páginas recoge las observaciones y recomendaciones de la misión del organismo, liderada por el secretario de asuntos políticos, Francisco Guerrero, que visitó Haití y Dominicana entre el 10 y el 14 de julio. Días después de que la misión concluyó su visita, Santo Domingo respondió rechazando participar en una eventual reunión con la OEA por considerar que el secretario general estaba prejuiciado en su contra.
El informe fue acogido con precaución por las delegaciones de Dominicana y Haití, y celebrado por el resto de los países en el Consejo Permanente, el máximo órgano político de la OEA, por su llamado al diálogo.
El embajador dominicano Pedro Verges dijo que Santo Domingo responderá a las recomendaciones y observaciones expresadas en el "futuro inmediato".
Haití "se congratula de las recomendaciones" del documento, señaló el representante haitiano Bocchit Edmond, y añadió que el presidente Michel Martelly ya había decidido designar a un representante de alto nivel para reiniciar el diálogo bajo los auspicios de la organización.
Colombia y Venezuela fueron las únicas delegaciones que ejercieron el derecho de palabra, y coincidieron en expresar su apoyo a la búsqueda de una solución a través del diálogo.
En el capítulo de observaciones del informe, la misión de la OEA asegura que es "difícil" confirmar las cifras de personas que han cruzado la frontera entre los países. Reconoce, además, que la República Dominicana "tiene el derecho, como país soberano, de establecer e implementar su propia política migratoria".
A la vez, las autoridades de Haití "reconocen este derecho", pero señalan que "cualquier traslado de personas debe llevarse a cabo según los estándares internacionales previamente establecidos y consensuados", según recoge el informe.
El problema migratorio se remonta a una polémica decisión del tribunal Constitucional dominicano, que en 2013 negó la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país, lo que convirtió, de facto, en apátridas a más de 250 mil personas, principalmente hijos de haitianos.
Ante la presión internacional, Santo Domingo implementó un plan nacional de regularización de extranjeros, y otorgó la nacionalidad dominicana a 55 mil personas. Sin embargo, la mayoría de los indocumentados no pudo finalizar el procedimiento antes de la fecha límite de 17 de junio y corre el riesgo de ser expulsada del país.
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la posibilidad de que personas de origen haitiano sean desconocidas por Santo Domingo y no sean recibidos como nacionales por Puerto Príncipe."Sería un escenario de mucha preocupación", dijo a periodistas, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA que elabora un informe de una visita a Dominicana en diciembre de 2013.
La oenegé Cejil denunció la "falta de garantía de los derechos de los migrantes".