Un total de 21 congresistas pidió ayer, 19 de agosto de 2015, al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que suspenda el apoyo financiero a Honduras y revalúe el entrenamiento y apoyo que se da a los policías y militares de ese país, hasta que el gobierno aborde adecuadamente sus presuntos abusos contra los derechos humanos.
Los legisladores remitieron una misiva a Kerry en la que insistieron en la necesidad de reconsiderar la financiación a ese país centroamericano por parte del gobierno estadounidense, teniendo en cuenta las actuaciones de sus fuerzas de seguridad.
La carta de los congresistas, todos ellos demócratas, hace hincapié en la creciente participación de los militares en las leyes nacionales en Honduras, a pesar de las restricciones constitucionales. Asimismo, advierten al secretario de Estado del intento del presidente, Juan Orlando Hernández, de hacer cambios constitucionales y de la expansión de la militarización de la policía.
"La Constitución de Honduras prohíbe a los militares participar en la implementación de la legislación nacional, excepto en casos de emergencia. Este mes de febrero, el Congreso de Honduras rechazó una propuesta del presidente Hernández para cambiar la Constitución y permitir el uso regular de la policía militar", apuntan.
"Sin embargo, a pesar de esas limitaciones legales, el Gobierno de Honduras ha continuado ampliando la fuerza por parte de la autoridad ejecutiva y ha incumplido sus promesas de emprender reformas fundamentales de las fuerzas policiales corruptas del país", añaden.
El Gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, propuso invertir mil millones de dólares para el siguiente año fiscal en el triángulo norte de Centroamérica, a fin de combatir la corrupción y la violencia que causan estragos en esa región y afectan los flujos migratorios que llegan a Estados Unidos.
"Queremos asegurarnos de que esos dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizan para la vigilancia de tipo militar, actividad que podría, de hecho, ser una de las causas de esta migración, ya que exacerba la violencia en el país", argumentan los legisladores.
La solicitud de los congresistas se produce en momentos en que los ciudadanos hondureños exigen en constantes protestas en las calles la dimisión de sus autoridades, incluido del presidente de la República, por los escándalos de corrupción que sacuden el país y que involucran a funcionarios. Tras la más reciente "marcha de las antorchas", realizada el 14 de agosto, los manifestantes fueron recibidos por el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, quien luego emitió una comunicación formal sobre su conversación.
Según un reporte del diario El Heraldo, Nealon señaló que se reunió con los líderes de la marcha por petición de ellos, que la reunión fue breve y que les dijo en privado lo que ha señalado en público: "No le corresponde a los Estados Unidos dictar que mecanismo sería el indicado para afrontar la corrupción". Asimismo, les expresó que Estados Unidos ayudará a los esfuerzos de Honduras para combatir la impunidad y la corrupción y fomentar la transparencia.
PIDEN MÁS APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
En el marco de esa crisis que vive el país y que se ha manifestado en reiteradas protestas ciudadanas, dirigentes de la sociedad civil demandaron ayer en un foro que se preste más apoyo a las investigaciones criminales en el país, porque apenas 9% de los casos de homicidio registrados en los últimos tres años llegaron a la justicia.
El coordinador de la no gubernamental Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Omar Rivera, expresó que "es esencial" que se le "brinde apoyo" a la recién creada Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), "porque el talón de Aquiles de la seguridad en Honduras es la investigación criminal".
Ante decenas de personas, incluyendo al director de la ATIC, Ricardo Castro, el dirigente comunitario detalló que entre 2014 y 2012 "se cometieron en Honduras 19 mil 404 homicidios, de los cuales menos de 800 llegaron a juicio oral y público y recibieron el justo castigo".
Rivera manifestó que la falta de investigación obstaculiza la presentación de acusaciones en los tribunales, por lo que urge dar mayor apoyo a la ATIC, creada hace seis meses por el gobierno para fortalecer la lucha contra el crimen.
Rivera lamentó que de unos 300 millones de dólares que recaudó el Gobierno en tres años, de un impuesto creado para financiar el combate al crimen, apenas siete millones fueron asignados a la ATIC.
Por su parte, Castro destacó que pese a la falta de recursos, en los primeros seis meses de operaciones de la ATIC se han capturado miembros de 64 bandas del crimen organizado, se realizaron varios decomisos de drogas y se ejecutaron 105 órdenes de capturas por narcotráfico, lavado de activos, asesinato, estafa y violación.
Honduras registró 68 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2014, una de las tasas más altas del mundo, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.