Human Rights Watch manifestó este jueves, 19 de mayo, que la Organización de los Estados Americanos (OEA) debería exigirle al presidente venezolano Nicolás Maduro que revoque un decreto de emergencia que limita la posibilidad de la Asamblea Nacional —actualmente con mayoría opositora— y de las organizaciones no gubernamentales venezolanas de cuestionar los abusos de poder cometidos por el gobierno.
Según la organización, al declarar un “estado de excepción” el 13 de mayo de 2016, el presidente Maduro "se ha arrogado la facultad de restringir derechos garantizados en la Constitución venezolana".
El decreto de emergencia, que tiene una vigencia de 60 días, además le permite al presidente impedir que la Asamblea Nacional utilice sus poderes constitucionales para sancionar a funcionarios públicos, y autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores a suspender el financiamiento internacional que reciben organizaciones no gubernamentales.
“Hasta hace poco, el gobierno de Maduro ha podido encarcelar a opositores y cercenar los derechos de ciudadanos de a pie sin temor a ningún tipo de reacciones de los otros poderes”, dijo Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch.
“Pero ahora que la oposición controla la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente se atribuyó a sí mismo la facultad de despojar a este órgano de su potestad de sancionar a funcionarios gubernamentales”, añadió.
Señaló Human Rights que el decreto de emergencia de Maduro "vulnera" las obligaciones jurídicas internacionales que surgen de la Carta Democrática Interamericana, que obliga al país a promover y defender la democracia representativa, la cual incluye como uno de sus componentes esenciales a la separación de poderes.
"Venezuela está atravesando una crisis económica, enfrentando una severa escasez de medicamentos y bienes básicos, y en las últimas semanas algunos líderes opositores han instado a que se celebre un referéndum revocatorio para decidir sobre la posible destitución del Presidente Maduro", destacó.
