Investigaciones y críticas en Estados Unidos por la muerte en prisión del magnate Jeffrey Epstein

El financiero estadounidense Jeffrey Epstein, que esperaba ser juzgado por explotación sexual de menores, fue encontrado muerto en la cárcel el sábado tras un aparente suicidio, lo que provocó protestas sobre sus condiciones de custodia.



El gobierno y el FBI iniciaron investigaciones inmediatamente, mientras políticos, funcionarios judiciales y las presuntas víctimas manifestaron su sorpresa de que Epstein no fuera objeto de mayor vigilancia, dos semanas después de que realizara un intento fallido de quitarse la vida.



El hombre de 66 años, que había trabajado con innumerables políticos y celebridades a lo largo de los años y ya tenía una condena por delitos sexuales, fue encontrado sin vida en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.



Su cuerpo fue hallado alrededor de las 06H30 locales (10H30 GMT) del sábado y llevado a un hospital en Nueva York, donde fue declarado muerto tras un "aparente suicidio", según un comunicado del Departamento de Justicia.



El mes pasado había sido hallado inconsciente con marcas en su cuello.



El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, dijo que estaba "horrorizado" al enterarse del fallecimiento y aseguró que ha instruido al inspector general del Departamento de Justicia investigar sus circunstancias.



"La muerte del señor Epstein plantea serias preguntas que deben ser respondidas", dijo Barr en un comunicado.



El FBI también está investigando, había informado antes el Departamento de Justicia.



El diario The New York Times y otros medios citaron a funcionarios asegurando que Epstein se había ahorcado.



El 31 de julio, cuando compareció ante la corte después de su anterior presunto intento de suicidio no mostraba signos visibles de lesiones. En esa audiencia se le informó que su juicio no comenzaría antes de junio del próximo año.



Sobre el administrador de fondos de cobertura, que no logró salir bajo fianza, pesaba un cargo de explotación sexual de menores y otro de asociación para delinquir para explotar sexualmente a menores entre 2002 y 2005.



El acusado, que negó los cargos, se enfrentaba a una pena de 45 años de prisión en caso de ser condenado.