Un fiscal abrió este martes una investigación al presidente de Argentina, Mauricio Macri, y a dos de sus ministros por emitir un decreto que otorgó una amnistía fiscal en favor de su padre y de familiares de funcionarios, ampliamente criticado por la oposición.
El fiscal Guillermo Marijuan sumó en la imputación al jefe de gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por la denuncia que presentó la diputada de Libres del Sur (izquierda) Victoria Donda.
La legisladora acusa al presidente del "delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".
El cuestionado decreto especifica que podrán sincerar activos solo aquellos familiares que puedan probar que esos bienes fueron incorporados en su patrimonio con anterioridad a la asunción en el cargo de su familiar.
El decreto modifica así la ley vigente, aprobada hace cinco meses, que excluía del llamado "sinceramiento fiscal" a los familiares de funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (cónyuges, padres e hijos menores emancipados) que ejercieron desde el 1 de enero de 2010.
Hace dos semanas, Macri, Peña y Prat-Gay firmaron este decreto que provocó indignación en todo el arco opositor al considerar que se hizo para beneficiar al padre del mandatario, Franco Macri, un magnate con el que comparte empresas 'offshore' en Bahamas y Panamá, según la investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que tuvo como protagonista a la firma de abogados Mossack Fonseca.
"Lo firmado [en ese decreto] está dentro del espíritu de la ley. Nos parece que es una discusión técnica. Al final del día, le corresponderá a la justicia analizarlo", dijo Peña días atrás, defendiendo la medida.
La exclusión de familiares directos de funcionarios al blanqueo de capitales había sido una condición exigida por el Frente Renovador (FR, peronismo de centroderecha) e incluso por parte de la coalición de gobierno Cambiemos (derecha y socialdemócratas) para aprobarla en julio pasado en el Congreso.
"Es un decreto impúdico", sentenció Alberto Fernández, dirigente del FR y jefe de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007).
Desde el lanzamiento, en agosto, del plan oficial de blanqueo, argentinos que tenían divisas ocultas del fisco y fuera del sistema financiero declararon casi 7 mil millones de dólares, sin obligación de repatriarlos.
También se declararon unos 20 mil millones de dólares en tenencia de activos, propiedades y otros bienes, según un informe oficial.
