La justicia italiana solicitó el embargo del barco humanitario Aquarius acusado de tratamiento ilegal de residuos peligrosos, un nuevo golpe para las oenegés que rescatan migrantes en el mar.
La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF), que fleta el Aquarius desde el 2016 junto la organización humanitaria SOS Mediterráneo, denunció “una medida desproporcionada e instrumental, destinada a criminalizar por enésima vez la acción médico-humanitaria en el mar”.
Desde 2014 las oenegés han rescatado a más de 120 mil migrantes frente a las costas de Libia. Pese a ello han sido blanco de interminables ataques políticos, tanto de la izquierda como la derecha, que han tratado de impedirles su labor con medidas judiciales y administrativas.
Por eso varias organizaciones suspendieron sus actividades o trabajan en otras zonas del mundo, mientras sus barcos permanecen meses bloqueados en puertos de Italia o Malta.
Desde principios de octubre el Aquarius está en Marsella (Francia), sin una bandera que le permita navegar. después de que le retiraran las de Gibraltar y Panamá.
“He hecho bien en bloquear la entrada de los barcos de las oenegés a los puertos de Italia”, aseguró tras conocer la noticia el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, emblema de la política de mano dura contra la inmigración.
“Detuve no solo el tráfico de inmigrantes ilegales sino también de desechos tóxicos”, comentó.
Según la fiscalía de Catania, en 44 ocasiones hubo un tratamiento ilegal de residuos por un total de 24 mil kilos de desechos.
La justicia ordenó también el embargo de las cuentas bancarias de MSF por un total de 500 mil dólares, el monto por no haber eliminado correctamente los residuos, incluyendo ropa de los migrantes, restos de comida y residuos sanitarios.
Entre los investigados se encuentran dos agentes marítimos, Gianino Francesco y Romeo Giovanni Ivan así como personal de las oenegés que se encargaba de la gestión de las misiones de rescate.
“Todas nuestras operaciones en puerto, incluida la gestión de residuos, siempre han seguido procedimientos estándar. Las autoridades competentes no cuestionaron los procesos ni identificaron riesgos para la sanidad pública desde que lanzamos nuestra actividades en el mar”, precisó MSF en un comunicado.