La justicia belga examina este viernes 17 de noviembre la euroorden de entrega emitida hace dos semanas por la justicia española contra el presidente catalán destituido Carles Puigdemont y otros cuatro miembros de su gobierno presentes en Bélgica, que rechazan su extradición.
Sus abogados belgas, que denuncian una “histeria judicial” en España, rechazarán la ejecución de esa euroorden fruto de un “juicio político” durante la audiencia prevista en Bruselas a puerta cerrada a partir de las 2:00 p.m. hora local (13:00 GMT).
Los cinco políticos catalanes se instalaron en Bélgica después de que el Gobierno español cesara al Ejecutivo catalán, pusiera la autonomía bajo su tutela y convocara a elecciones para el 21 de diciembre en reacción a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
Puigdemont y los otros cuatro miembros de su gobierno cesado consideran que no cuentan con las garantías necesarias para un proceso justo en España, donde se les acusa de “rebelión”, “sedición” y “malversación”. Ocho de sus compañeros están en prisión provisional.
Aunque la Cámara del Consejo bruselense apruebe la petición de la justicia española, los políticos independentistas prevén agotar todos los recursos posibles, lo que podría prolongar el proceso en Bélgica al menos hasta enero.
El juez único de esta primera instancia tendrá "entre 8 y 10 días" para pronunciarse, según los abogados. Carles Puigdemont y los cuatro exmiembros de su Ejecutivo –Antoni Comín (Sanidad), Clara Ponsatí (Educación), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura)– deben estar presentes en la audiencia.
El 5 de noviembre se entregaron a las autoridades belgas. Tras declarar, un juez de instrucción decidió ponerlos en libertad condicional con la prohibición de salir de Bélgica sin autorización del juez, obligación de comunicar su dirección y de obedecer a todas las citaciones de la justicia y la policía.
La orden europea de busca y captura fue creada por la Unión Europea en 2002 –y transpuesta un año más tarde a la normativa belga– para facilitar la extradición entre Estados miembros sin intervención del poder político.
Pocos son los casos en los que se rechaza la ejecución de una euroorden, según varios juristas interrogados por la AFP, puesto que este procedimiento se basa en el principio de "confianza mutua" entre sistemas judiciales que se presuponen cercanos.