Justicia acepta sospecha de crimen en caso del fiscal Alberto Nisman

La justicia argentina resolvió este lunes que el fuero federal investigue la muerte del fiscal Alberto Nisman, lo que implica admitir la hipótesis de homicidio del investigador del atentado contra el centro judío AMIA de 1994, informó el portal del poder judicial CIJ.



La Cámara Nacional en lo Criminal rechazó una apelación del experto informático Diego Lagomarsino, el único imputado por haberle prestado el arma de la que salió el disparo que mató a Nisman el 18 de enero de 2014 en su departamento de Buenos Aires.



Hasta ahora primaba la hipótesis de un suicidio, pero triunfó la postura de los familiares querellantes quienes sostienen que Nisman fue víctima de un homicidio.



La justicia debe someter a sorteo la causa para la designación de un nuevo juez. Hasta ahora la causa estuvo en manos de la jueza en lo penal Fabiana Palmaghini.



"Podemos concluir que existen razones más que plausibles para poder dar crédito a la hipótesis de máxima, para suponer que la muerte también pudo ser el resultado de la actividad de terceras personas en el marco de su función", había dicho la cámara de apelaciones a finales de marzo cuando se pronunció por encomendar la investigación al fuero federal.



Nisman fue hallado en el baño de su apartamento con un tiro en la cabeza, sin que las pericias pudieran determinar rastros de la presencia de otra persona.



Cuatro días antes, Nisman había acusado a la entonces presidenta Cristina Kirchner (2007-2015) de encubrir a los exgobernantes iraníes imputados por el ataque en AMIA y el fiscal se aprestaba a declarar ante el Congreso.



La denuncia de Nisman contra Kirchner fue luego desestimada en la justicia.



Uno de los acusados en el caso AMIA es el expresidente iraní Ali Rafsanjani, entre otros altos funcionarios.



La exmandataria había impulsado en 2013 un acuerdo con Teherán para crear una comisión internacional de juristas que investigase el caso AMIA, en el que murieron 85 personas y sufrieron heridas otras 300.



El caso no tiene ningún detenido y los iraníes se niegan a ser interrogados pese a que Kirchner se lo reclamó a Teherán durante varios años ante la Asamblea General de Naciones Unidas.