El gobernador del estado de Illinois, en Estados Unidos, promulgó el miércoles una ley que consagra al aborto como un "derecho fundamental" y deroga leyes anteriores que lo penalizaban.
La ley responde a una ola de prohibiciones y restricciones al aborto aprobadas en otros estados, y fue calificada por el gobernador J. B. Pritzker como "un rayo de esperanza en el corazón de esta nación".
La iniciativa anula la penalización de quienes practican abortos y codifica lo que en la práctica era una legislación de facto a través de fallos de la justicia.
Además, exige a los seguros privados de salud que operan en Illinois que cubran los procedimientos de interrupción del embarazo.
"Estamos creando un cortafuegos alrededor de Illinois para proteger el acceso de todos a la salud reproductiva", dijo la representante estatal demócrata Kelly Cassidy, una de las principales impulsoras de la ley.
El gobernador Pritzker, también demócrata, dijo que este tipo de protección legal adicional es necesaria ante la posibilidad de que en el futuro la Suprema Corte de Estados Unidos imponga nuevos límites al aborto.
"Quienes se oponen a los derechos reproductivos de las mujeres están envalentonados", dijo el gobernador, "y sus ojos miran con esperanza a la máxima corte del país".
El derecho al aborto en Estados Unidos está regido por el histórico fallo de la Corte Suprema en el caso "Roe vs. Wade" de 1973, pero los militantes antiaborto esperan revertir esa decisión ahora que el máximo tribunal cuenta con mayorías conservadoras.
A mediados de mayo, el gobernador de Alabama aprobó la ley más dura contra el aborto en todo el país, y en otros seis estados la legislación ha cambiado para ilegalizar cualquier tipo de aborto luego de que se detecte un latido del feto, que es cerca de las seis semanas de embarazo.
Pritzker dijo que Illinois estaría dispuesto a aceptar "refugiados de otros estados" en que a las mujeres se les pueda estar negando acceso al aborto. En el vecino estado de Misuri, por ejemplo, el destino de la última clínica de abortos está en manos de un juez, que evalúa si permitirle o no que siga funcionando.