La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, seguía el viernes bajo el riesgo de ser detenida por orden de la justicia, luego de negarse a declarar en una causa por presunta defraudación al Estado.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dijo a distintos medios de prensa que está vigente la orden de arresto que libró contra la dirigente humanitaria, de 87 años, quien es investigada por el supuesto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas populares.
"Hay una captura vigente y una orden de no salir del país", dijo el magistrado, quien indicó que "está en manos de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios políticos" disponer cómo se efectuará el arresto.
De Bonafini, que pasó la noche del jueves fuera de su vivienda, no fue detenida la víspera luego de negarse a acudir a una indagatoria tras el apoyo multitudinario que recibió de simpatizantes, legisladores y exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), con los que mantiene una cercana relación.
Los manifestantes se congregaron ante la sede de las Madres de Plaza de Mayo para evitar que la policía arrestara a controvertida dirigente humanitaria. La idea era "evitar cualquier tipo de confrontación física o de violencia para personas que pudieran estar a su alrededor o para ella misma", dijo Martínez De Giorgi al justificar su decisión de no detener a la activista humanitaria tomada luego de que el jueves se negó por segunda vez a presentarse en el juzgado. La primera negativa a hacerlo había sido el 7 de julio.De Bonafini se encontraba a primera hora del viernes en la sede de la organización de derechos humanos, firme en su posición de no personificarse ante el juez. Desde allí arremetió contra el magistrado al señalar a medios de prensa que no lo "respeta" y anticipó que tiene pensado viajar a Mar del Plata, una ciudad balnearia situada 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. "No tengo miedo de ser detenida", afirmó.
De Bonafini, madre de dos desaparecidos durante la dictadura de 1976 a 1983, niega haber cometido algún delito y ha apuntado contra los ex apoderados de la organización, los hermanos Pablo y Sergio Schoklender.
El juez investiga desde 2011 el desvío de 200 millones de pesos (unos 14 millones de dólares) provenientes de las arcas públicas para un proyecto de construcción de viviendas populares registrado a nombre de las Madres de Plaza de Mayo.