El presidente Mauricio Macri anunció el lunes que repatriará 1.3 millones de dólares que tiene depositados en una cuenta en las islas Bahamas porque confía que a la Argentina "le va a ir cada vez mejor".
"Ya he dado la orden al administrador que radique el ahorro ese que tengo en Argentina", dijo Macri a los periodistas en Casa de Gobierno. "Lo hago porque creo que a la Argentina le va a ir muy bien".
La cuenta tomó estado público la semana pasada cuando la Oficina Anticorrupción difundió la primera declaración jurada de Macri como presidente, en la cual reportó un patrimonio total de 110 millones de pesos (7.7 millones de dólares).
Si bien dicha cuenta en el exterior está declarada, generó suspicacias debido a que el mandatario está imputado en la justicia por una supuesta omisión maliciosa en su declaración fiscal de dos firmas de ultramar en Panamá, una de las cuales salió a la luz con las filtraciones del la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Además al estallar este escándalo, el gobierno negó que Macri tuviera depósitos en plazas financieras con beneficios fiscales, como el caso de Bahamas.
Macri explicó el lunes que tenía depósitos en cuentas del banco Merrill Lynch en Suiza y Estados Unidos, las cuales figuraban en su declaración jurada como jefe de gobierno (alcalde) de Buenos Aires en 2014.
Según la versión del mandatario, el dinero fue trasladado a Bahamas debido a que ese banco fue adquirido por el Julius Baer Group de Suiza.
El presidente, integrante de la familia propietaria de un poderoso grupo económico, anunció en abril la creación de un fideicomiso ciego que administre sus bienes para evitar incompatibilidades con su función.
Consultado sobre el destino que dará al dinero repatriado, Macri respondió que "no sé qué va a recomendar (el administrador del fideicomiso).
Posiblemente compre letras del tesoro argentino para confiar en que este proceso de recuperación de Argentina va a ir cada vez mejor".
Con este anuncio, Macri también apunta a dar una señal antes de que el Congreso inicie esta semana la discusión de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para una amnistía fiscal.
La permitirá ingresar al circuito legal patrimonios de personas físicas y jurídicas adquiridos antes del 31 de diciembre de 2015, con una penalidad de entre 5% y 10% dependiendo el monto.
Con lo recaudado, el gobierno apuesta a cancelar millonarias sentencias contra el Estado en demandas de jubilados y pensionados para actualizar sus haberes.