El Gobierno español dijo este viernes 2 de marzo que un gobierno catalán en el exilio, cuya creación ha sido anunciada, no tendría autoridad legal alguna. Advirtió también que el destacado secesionista Jordi Sánchez, propuesto como presidente de la Generalidad catalana, no podría asumir porque está preso en Madrid a la espera de un posible juicio por sedición y rebelión.
El vocero del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que las autoridades "no permitirán" que Sánchez tome el poder. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue más circunspecto, al afirmar que el presidente tendría que presentarse en persona para asumir sus funciones y que dependía de un juez autorizar o no a Sánchez a presentarse en el Parlamento catalán.
El expresidente catalán prófugo Carles Puigdemont dijo en un video el jueves desde Bruselas que apoyaba la presidencia de Sánchez. Añadió que los separatistas planean crear una suerte de gobierno en el exilio llamado Consejo de la República.
Méndez de Vigo dijo que semejante organismo no tendría poder porque carece de fundamento constitucional. En un nuevo giro del enfrentamiento entre Madrid y los partidos y grupos cívicos separatistas en Barcelona, la capital regional, Puigdemont llevó su lucha al plano internacional. Su abogado en Bélgica, Ben Emmerson, dijo este viernes que se presentó un reclamo en Naciones Unidas que alega que España violó los derechos humanos, civiles y políticos con la represión en Barcelona y la posterior persecución de los líderes regionales.
Emmerson dijo a la prensa en Bruselas que el Estado español quiere "sofocar al movimiento independentista catalán". Dijo que el equipo legal de Puigdemont planea tomar nuevas medidas legales mes a mes hasta que Madrid acepte dialogar sobre la independencia catalana. No dijo cuáles podrían ser esas medidas.