Cientos de agentes penitenciarios ocuparon el martes la sede del Ministerio de Justicia en protesta contra la reforma del sistema de jubilaciones impulsada por el gobierno de Brasil.
Los funcionarios, encargados de la seguridad dentro de las cárceles del país, irrumpieron en el edificio por la tarde, según reportaron medios locales, que mostraron al numeroso grupo aglomerado en el pasillo principal.
Un vídeo transmitido en vivo a través de Facebook por la Federación Sindical de Funcionarios Penitenciarios (FENASPEN) mostraba a los manifestantes entonando cánticos luego de la ocupación.
"Acabamos de ocupar el Ministerio de Justicia. Estaremos aquí hasta que los Diputados nos saquen de la reforma", aseguró Fábio César Ferreira, presidente del sindicato de agentes de Sao Paulo, en dicho vídeo.
A las 20H00 locales (23H00 GMT) los manifestantes todavía seguían aguardando el resultado de la audiencia entre sus representantes y miembros del ministerio de Justicia, según informó a la AFP un portavoz de la cartera.
Los empleados de las cárceles exigen que su régimen de jubilaciones atienda condiciones especiales contemplando los riesgos que implica trabajar en las atiborradas prisiones de Brasil.
"Enfrentamos diariamente una rutina terrible dentro y fuera de las unidades penitenciarias, con un ambiente degradante, insalubre e inseguro (...) ¿Cómo podemos ser enmarcados en las mismas reglas que los demás trabajadores brasileños?", cuestionó Ferreira.
El gobierno conservador de Michel Temer impulsa un plan de austeridad que incluye una reforma del sistema de jubilaciones rechazada por la mayoría de la población, y uno de los grandes temas contra los que luchó la huelga general del pasado viernes.
Después de aprobar una enmienda constitucional para congelar el gasto público por 20 años, la administración conservadora lanzó otra para fijar una edad mínima de retiro de 65 años para los hombres y de 62 para las mujeres, desde los actuales 60 y 55.
La propuesta está bajo estudio del Congreso, donde enfrenta resistencias de la propia base aliada del gobierno. Brasil tiene más de 600 mil personas en cárceles, la mayoría de ellas en condiciones insalubres y funcionando a 167% de su capacidad.