Miles de personas marchaban este domingo 16 de julio hacia el Congreso dominicano para exigir cárcel para los involucrados en los sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht y pedir que la compañía deje de operar en el país.
La masiva presencia de manifestantes es una muestra de que la sociedad "está diciéndole no a la impunidad y no a la corrupción", dijo el activista Juan Comprés, quien llegó desde temprano con cientos de personas de la norteña ciudad de Moca para unirse a la marcha.
Los manifestantes se congregaron por la mañana en un céntrico crucero de la capital, desde donde comenzaron a caminar hacia la sede del poder legislativo. Vestidos con camisetas y gorras verdes en señal de esperanza, los manifestantes portaban pancartas en las que se leía "cárcel a los corruptos" o "fuera jueces políticos".
El movimiento denominado Marcha Verde surgió en enero, convocado por grupos de la sociedad civil para exigir una investigación independiente sobre los sobornos millonarios de Odebrecht y procesos judiciales en contra de los involucrados.
La compañía brasileña confesó, según una investigación difundida por el Departamento de Justicia estadounidense, que entre 2001 y 2014 pagó sobornos por 788 millones de dólares en 10 países de América Latina y 2 de África para conseguir contratos con los gobiernos locales.
En el caso de República Dominicana, Odebrecht consiguió 17 contratos con el Gobierno y para ello pagó 92 millones de dólares en coimas. La compañía aún trabaja en la construcción de la obra insignia de la presente administración: la planta termoeléctrica de Punta Catalina, que tendrá un costo de más de 2 mil millones de dólares.
El procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, llegó a un acuerdo con Odebrecht, mediante el cual renunció a procesar a los ejecutivos de la compañía y le permite seguir sus operaciones en el país a cambio de pagar una multa de 184 millones de dólares e información para procesar a los funcionarios locales que recibieron sobornos.
Con la información otorgada por Odebrecht, la Procuraduría sometió a la justicia al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, tres legisladores, un empresario y otros nueves exfuncionarios. Solo dos de ellos permanecen en prisión preventiva.
Al final de las audiencias sobre medidas de coerción contra los supuestos implicados, la presidenta de la cámara penal de la Suprema Corte, Miriam Germán, advirtió el pasado 8 de julio que el expediente presentado por la Procuraduría carece de pruebas suficientes.