El primer juicio por corrupción contra el expresidente brasileño Luiz Inácio 'Lula' da Silva estará listo para sentencia a partir del 20 de junio, según se desprende de una decisión adoptada el lunes por el juez Sergio Moro, que investiga los sobornos en Petrobras.
Si bien no hay plazo establecido, en otras causas Moro anunció el fallo en un plazo de apenas 3 a 15 días posteriores a la presentación de los argumentos de cierre de la defensa.
Moro rechazó el lunes diligencias pedidas por los abogados de Lula, con lo cual dio por terminada la instrucción del caso que busca determinar si el exmandatario de izquierda (2003-2010) recibió un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo, a cambio de "ventajas indebidas" concedidas a la constructora OAS.
"Una defensa amplia, un derecho fundamental, no significa un derecho irrestricto a producir cualquier prueba, incluso aquellas imposibles, costosas y dilatorias", escribió el magistrado en su decisión publicada por su juzgado en Curitiba (sur).
"Considerando la necesidad de aguardar la desgrabación del último interrogatorio, fijo los siguientes plazos para los alegatos finales: siete días útiles para la fiscalía (del 25 de mayo al 2 de junio), dos días para Petrobras (del 5 al 6 de junio) y nueve días para la defensa (del 7 al 20 de junio)", añadió. A partir de esa fecha, estaría en condiciones de dictar sentencia.
Moro interrogó el miércoles pasado a Lula durante casi cinco horas, en un duelo cara a cara entre el juez que encarna la lucha contra la corrupción sistémica en la política y el presidente más popular de la historia reciente que el miércoles pasado mantuvo en vilo al país.
Lula enfrenta otros cuatro procesos que ya están en fase de juicio, además de tener varias investigaciones que cubren un amplio abanico de acusaciones, como corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias, formación de una organización delictiva y obstruir el trabajo de la justicia.
El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) niega todos los cargos y denuncia un montaje judicial para inhabilitarlo como candidato para la carrera presidencial de 2018, que lidera holgadamente según los sondeos de intención de voto.