La mesa de diálogo entre gobierno y oposición de Nicaragua se reanudó este viernes 15 de junio en Managua con la Iglesia católica como mediadora.
Sobre la mesa, dos puntos: los derechos humanos y una hoja de ruta para democratizar el país, explicó Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa.
Más de tres semanas después de que se interrumpiera oficialmente la conversación, los obispos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia –que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos– y representantes del gobierno se reunieron en el Seminario de Fátima para intentar superar la crisis sociopolítica que ya se ha cobrado la vida de 168 personas, según el ejecutivo, y unas 200 de acuerdo los organismos de derechos humanos.
Álvarez señaló que la propuesta que hoy se analizará se presentó al propio presidente Daniel Ortega el pasado 7 de junio. Primero se abordará lo relacionado con los derechos humanos y por la tarde el tema político.
En el tema de los derechos humanos, que será el primero en abordarse, Álvarez subrayó la necesidad de que se invite a Nicaragua pronto a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país, al alto comisionado de las Naciones Unidas y también a representantes de la Unión Europea. “Urge la justicia”, señaló el obispo.
El prelado pidió al gobierno que informe sobre el equipo especializado de la CIDH que se encargará de investigar las muertes y la violencia y del mecanismo de seguimiento de las recomendaciones de ese organismo que forman parte del informe presentado semanas atrás.
Las manifestaciones y la tensión en las calles comenzaron a mediados de abril para protestar contra las reformas al seguro social.
En cuestión de días, Ortega suspendió dichos cambios, pero las marchas no solo continuaron sino que se hicieron más grandes, y en ellas se empezó a solicitar la renuncia del sandinista, a quien acusaban de autoritarismo.
El diálogo quedó paralizado el 23 de mayo y se planteó una hoja de ruta hacia la celebración de elecciones democráticas que incluía una reforma a la ley electoral, adelantar los comicios y prohibir la reelección presidencial, entre otros temas, algo que el ejecutivo consideró “un golpe de Estado”.
Desde entonces, las protestas continuaron y también las acciones violencias y represivas mientras los obispos intentaban reactivar las conversaciones.