CRISIS EN NICARAGUA

CIDH pide al gobierno de Daniel Ortega garantizar la protesta pacífica ante nuevas marchas

El organismo actualizó al Consejo Permanente de la OEA sobre la situación de Nicaragua. 

La CIDH elevó su registro de muertes a 264 y la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua dio un balance de 351 hasta el 10 de julio.

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Paulo Abráu, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rinde un informe ante el Consejo Permanente sobre Nicaragua el 11 de julio de 2018. Paulo Abráu, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rinde un informe ante el Consejo Permanente sobre Nicaragua el 11 de julio de 2018.
Paulo Abráu, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rinde un informe ante el Consejo Permanente sobre Nicaragua el 11 de julio de 2018. Tomada de Flickr/OEA/Juan Manuel Herrera

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió este miércoles 11 de julio de 2018 una actualización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación en Nicaragua, durante la cual se advirtió de un "deterioro y profundización de la grave crisis" en que está inmerso el país y se exhortó a la comunidad internacional a que se "pronuncie" y pida el fin de la violencia y la violación de los derechos humanos.

Paulo Abráu, secretario ejecutivo de la CIDH, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para que garantice la protesta pacífica, a propósito de que la organización Alianza Cívica ha convocado una marcha para el jueves, un paro el viernes y una caravana el sábado, y de que las tres manifestaciones anteriores –todas ellas multitudinarias– fueron objeto de acciones represivas que se saldaron con muertos, heridos y detenidos.

Destacó como avances que el gobierno de Daniel Ortega permitió la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (Meceni) el pasado 24 de junio, que se han efectuado reuniones con funcionarios de gobierno y organizaciones, que el 3 de julio fue instalado el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), con el objetivo de apoyar en las investigaciones de los hechos acaecidos a partir del 18 de abril, en el marco de protestas sociales y la apertura de las autoridades nicaragüenses, acciones relativas a las recomendaciones 3, 14 y 15 del informe del pasado 21 de junio de la CIDH.

"El GIEI ya sostuvo reuniones con las más altas autoridades del Estado y ha intercambiado un protocolo de actuación propuesto por el Estado que está pendiente de ser aprobado luego de una ronda de contrapropuestas", precisó.

No obstante, Abráu destacó que a partir de la instalación del MECENI recibieron información de que 52 personas más habrían fallecido de forma violenta en el contexto de la represión actual, elevándose a 264 el número de fallecidos que la CIDH registra y a más de mil 800 los heridos.

No obstante, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos actualizó este miércoles en rueda de prensa su registro: 351 muertos hasta el 10 de julio y 2 mil 100 heridos, de los cuales –alega– a muchos se les ha negado el derecho a recibir asistencia médica.  

El vocero de la CIDH reiteró la existencia de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, de detenciones arbitrarias y ataques a instalaciones universitarias, entre otros sitios. Asimismo, indicó que el pasado 2 de julio se documentaron actos de represión selectiva y allanamientos ilegales que provocaron que gran número de personas se vieran obligadas a huir de sus casas, así como una nueva modalidad de represión con toma de tierras. 

Durante la segunda semana de funcionamiento del MECENI se ha visto una "profundización y diversificación de las formas de represión", incluso contra quienes colaboran con los que protestan, apuntó.

Como un hecho de especial preocupación, Abráu mencionó que ha tenido conocimiento de una operación para desmontar las barricadas de los jóvenes que protestan, acciones policiales con grupos parapoliciales en comunidades y contra las barricadas, agregó.

NICARAGUA RESPONDE

Denis Moncada, canciller de Nicaragua Expandir Imagen
Denis Moncada, canciller de Nicaragua Tomado de Flickr/OAS/Juan Manuel Herrera

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó el informe. "Nicaragua no acepta el informe de la CIDH leído por el secretario ejecutivo Paulo Abráo. Es un informe apresurado, prejuiciado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo y una actitud profesional para una aproximación a la verdad", manifestó el canciller durante la sesión del Consejo Permanente celebrada en Washington. 

Moncada pidió al secretario general Luis Almagro y al presidente del Consejo que anotaran la posición del gobierno de Nicaragua con respecto al informe, al tiempo que aseguró que reafirman su compromiso sostenido con la protección de los derechos humanos.

El representante nicaragüense aseguró que la violencia sufrida desde el pasado 18 de abril es producto de "los embates terroristas internos y externos" y del "crimen organizado" con el propósito de dar un golpe de Estado. Añadió, que no puede confundirse una protesta pacífica con actos terroristas que han dejado asesinatos y secuestros, como el de más de 400 transportistas que estuvieron varados en la frontera y que fueron sometidos a vejámenes. También denunció asesinatos y secuestros con tortura de militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional y agentes policiales. 

"El terrorismo y el crimen organizado transnacional intentan destruir Nicaragua (...) continúa desarrollándose un intento de golpe de Estado, una ruptura del orden constitucional, hoy Nicaragua está siendo afectada por ese fenómeno, mañana puede ocurrir en uno o en otro de los países (...). Hay que reflexionar con mesura, con ponderación y analizar estos fenómenos. Estamos abiertos al diálogo sobre los temas de democratización (...) Cualquier ruta que diseñemos tiene que pasar por el respeto a la Constitución (...)", aseguró Moncada en otro momento de la sesión.

ALMAGRO INSTA A LLEGAR A ACUERDOS

Al hacer uso de la palabra, el secretario general de la OEA expresó que en respeto a la memoria de las víctimas en Nicaragua, el gobierno y los representantes de los sectores opositores tienen la obligación política y moral de llegar a acuerdos, de construir soluciones a partir de acuerdos políticos.  Asimismo, remarcó que las herramientas para responder a lo que sucede en Nicaragua ya existen, que se debe reivindicar el valor de la política y poner en funcionamiento las estructuras institucionales que han creado, porque "no hay nada más urgente ni más relevante".

"No hay ser humano más vulnerable que aquel que es agredido por quien debe protegerlo (...) es urgente cerrarle los caminos a la muerte", añadió.

Almagro dijo que la Secretaría General se compromete a trabajar con el gobierno para lograr un proceso electoral transparente y reiteró el máximo compromiso para lograr soluciones institucionales. Es hora de recibir respuesta de parte del gobierno de Nicaragua, indicó.

Al final de la reunión, se decidió tomar nota de la información presentada por la CIDH y de las opiniones plasmadas por las delegaciones de los países. 

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