El Congreso de Argentina aprobó la madrugada de este jueves, 26 de febrero de 2015, la creación de una nueva agencia de inteligencia, luego de los cuestionamientos al servicio de espionaje tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien presentó una grave denuncia contra la presidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner.
Por 131 votos a favor y 71 en contra, el oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo que propone la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y su reemplazo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La reforma, aprobada la semana pasada en el Senado, había sido enviada por Kirchner en enero pasado al Congreso -controlado por el oficialismo- tras la muerte de Nisman, muerto en circunstancias no aclaradas el 18 de enero en su departamento de Buenos Aires con un balazo en la cabeza.
Manuel Garrido
Diputado de Unión Cívica Radical
El punto que generó más controversias en el debate establece que la Dirección de Observaciones Judiciales, la dependencia encargada de hacer las escuchas telefónicas, estará a cargo de la Procuración General de la Nación, hoy bajo responsabilidad de Alejandra Gils Carbó, a la que la oposición acusa de responder al Gobierno.
REACCIONES
Sobre este tema, la diputada oficialista Diana Conti manifestó que con esta ley las escuchas telefónicas quedarán subordinadas "totalmente al poder político y al poder judicial", retirándole a la antigua secretaría "la tarea fundamental para que el contubernio entre los agentes y el Poder Judicial deje de existir", indicó.
El diputado Jorge Rivas, un socialista aliado del oficialismo, quien se comunica por computadora desde que quedó sin habla y cuadripléjico tras un asalto violento, consideró que esta reforma era "una asignatura pendiente de estos 30 años de democracia".
Aunque la reforma de los servicios de inteligencia argentinos, conocidos por extorsionar con una red de escuchas telefónicas a jueces, fiscales y hombres de poder, era reclamada por la mayoría de la oposición, la iniciativa de la Presidenta cuando le restan 10 meses de mandato fue rechazada por sus detractores por considerar que estaba desviando el eje del debate tras la muerte de Nisman.
"Nos llama la atención que después de 10 años de gobierno se desayunen con que [los servicios de inteligencia] desarrollan actividades ilegítimas e influencias en la justicia. Esto es una cortina de humo que no va a resolver nada", advirtió el diputado Manuel Garrido, de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR).
Federico Pinedo, del bloque Unión PRO (derecha), advirtió que "la ley contiene cláusulas alarmantes pues permite destruir archivos".
Desde el Frente de Izquierda (troskista), Nicolás del Caño advirtió que la ley "deja en pie el andamiaje del nefasto sistema de inteligencia y crea la AFI sobre la base de la casi totalidad del siniestro personal de la ex Side (Secretaría de Inteligencia del Estado)".
La nueva central de espías estará bajo la órbita del secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, de estrecha confianza de la Presidenta, quien tendrá la opción de jubilar a los agentes que están en servicio desde la última dictadura militar (1976-1983).
El diario Clarín reportó que el diputado nacional por la UCR, Mario Negri, afirmó tras la votación: "Cuando cambie el gobierno tenemos que impulsar una política de Estado para corregir esta ley (...) para impedir que los servicios de inteligencia estén al servicio del poder de turno para perseguir a la política o espiar a opositores".
REFORMAS AL PROYECTO
Durante el tratamiento, fueron introducidos algunos cambios al texto original, a instancias de la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y expertos en seguridad, para establecer límites más claros a las tareas de espionaje.
Según el CELS, el proyecto representa "una mejora significativa" en pos de "desarmar la autonomía de los servicios [de inteligencia] y sus relaciones con el poder judicial y político".
La reforma establece además en 15 años el plazo máximo para la desclasificación de archivos.
La sesión empezó el miércoles 25 de febrero, con un minuto de silencio por Nisman a pedido de la oposición, y luego aplausos impulsados por el oficialismo por el natalicio del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), el líder fallecido en 2010 a los 60 años.
La muerte del fiscal se produjo cuatro días después de haber acusado a la presidenta y a otros funcionarios de encubrir a exgobernantes iraníes por el atentado a la mutual judía AMIA de 1994 que dejó 85 muertos y 300 heridos y que lleva más de 20 años en la impunidad.
El Gobierno puso la lupa en el poderoso exagente de inteligencia Antonio Jaime Stiuso, estrecho colaborador de Nisman e ingresado al servicio de inteligencia argentino en 1972. Stiuso había sido destituido en diciembre de 2014 junto a la cúpula de inteligencia.