La Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas anunciaron que mediarán en un diálogo con diversos sectores sociales hondureños para crear un sistema nacional anticorrupción, en medio de multitudinarias protestas en las calles.
El anuncio de la mediación, hecho a través de un comunicado emitido por la OEA en Washington, "está llamado a involucrar a todos los sectores de la sociedad hondureña, tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad democrática y combatir de manera integral la impunidad y la corrupción".
El convenio fue firmado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el canciller de Honduras, Arturo Corrales, y el secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, Jeffrey Feltman.
La propuesta de que organizaciones internacionales mediaran en la crisis política hondureña fue lanzada por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mientras decenas de miles de hondureños se manifiestan cada viernes desde el mes de mayo contra la corrupción y pidiendo que se cree en Honduras una Comisión Internacional contra la Impunidad.
Los manifestantes, agrupados con el nombre de Oposición Indignada, han reiterado en numerosas ocasiones que no dialogarán con el gobierno más que sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad.
En Honduras, más del 90% de los crímenes cometidos nunca llegan a una resolución judicial, según datos del Ministerio Público.
Los "indignados" hondureños comenzaron a salir a las calles con antorchas para recordar a las víctimas de un desfalco en el Seguro Social que hizo perder al país hasta 120 millones de dólares en sobreprecios, medicamentos en mal estado y comisiones a través de un contubernio liderado por un numeroso grupo de militantes del gobernante Partido Nacional.
Parte de ese dinero llegó a financiar la campaña electoral del Presidente, según él mismo ha confirmado. El último de los escándalos que rodean al gobierno del presidente Hernández tiene que ver con su hermana, Hilda Hernández, que ha ejercido como ministra de Comunicaciones desde que el gobierno tomó posesión en enero de 2014.
La Constitución de Honduras prohíbe que los familiares directos del presidente sean miembros del gobierno. El presidente se ha defendido argumentando que es ministra sin ejercicio de presupuesto.