El Ministerio Público de Honduras presentó varios requerimientos fiscales contra Lena Gutiérrez, vicepresidenta del congreso de Honduras y miembros de su familia por corrupción en la venta de medicamentos al estado en medio de un escándalo de corrupción que ha movilizado a miles de personas a las calles.
Se les acusa de delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, uso indebido de documentos y fraude en la venta de medicamentos al Instituto Hondureño del Seguro Social y la Secretaría de Salud.
Lena Gutiérrez, miembro del Partido Nacional en el gobierno, es diputada desde 2009. Entre 2010 y hasta 2014 fue la número dos en el puesto del entonces presidente del congreso y hoy presidente de la república, Juan Orlando Hernández.
El requerimiento ha llegado a la Corte Suprema de Justicia por la condición de diputada de Gutiérrez y deberá responder prontamente si autoriza una orden de captura contra Gutiérrez.
La diputada es co-propietaria de la empresa Astropharma junto a su padre, Marco Tulio Gutiérrez, y sus dos hermanos, Julio y Ginette Riquelme, que también han sido requeridos por el Ministerio Público junto a 12 miembros más de la junta directiva de la empresa.
El resto de imputados puede presentarse voluntariamente o ser detenidos.
“Estoy sorprendida. Con toda la voluntad de mostrar mi inocencia”, afirmó Gutiérrez a un canal de televisión local. “Fui socia de una empresa que vendía medicamentos. Les comprábamos a los fabricantes de pastillas y los vendíamos”, agregó.
La imputación de Gutiérrez sucede un día después de que el ejército de Honduras interviniera los hospitales públicos y almacenes de medicamentos del país para garantizar el suministro de medicinas debido a que los inventarios no están actualizados, faltan insumos básicos, no funciona la cadena logística y se han detectado medicamentos en mal estado de manera generalizada.
“Esto conlleva desarticular las mafias que han tenido sometido el sistema de almacenamiento, distribución, entrega y adquisición de medicamentos”, dijo el presidente Hernández el miércoles en un discurso televisado para explicar la intervención militar de hospitales y almacenes.
El sistema sanitario se encuentra bajo un fuerte cuestionamiento después de que se hicieran públicas una serie de graves irregularidades que descapitalizaron por un valor aproximado de 120 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social y a los almacenes de medicamentos del país a través de una trama de corrupción liderada por el ex director de ese organismo, Mario Zelaya.
El esquema de desfalco implicaba, además de otras irregularidades, la compra de medicamentos sobrevalorados e incluso defectuosos hasta niveles que una comisión multipartidaria del congreso nacional que lo investigó calificó de criminales.
La comisión llegó a registrar el caso de 11 mujeres que presuntamente fallecieron tras consumir medicamentos defectuosos.
Parte del dinero que se llevaron de manera ilícita una serie de empresas fantasma que contrataron con el instituto del seguro terminó en las cuentas de varios movimientos políticos del Partido Nacional, en el gobierno, al que pertenece Gutiérrez.
Cuentas con las que se financió la campaña electoral del ahora presidente Hernández. Se trata de los movimientos políticos del actual jefe de bancada del Partido Nacional, Óscar Álvarez; de Hilda Hernández, Ministra de Desarrollo Social y hermana del presidente; Ricardo Álvarez, actual vicepresidente, y Yolani Batres, Ministra de Salud responsable de los hospitales y de los almacenes de medicamentos.
Desde hace semanas, decenas de miles de hondureños protestan por diferentes ciudades del país en un movimiento que se conoce como “Marchas de las antorchas” convocado a través de redes sociales por jóvenes que se autodenominan “Indignados” y comenzaron a manifestarse a raíz de que se conoció que morían pacientes en los hospitales por falta de medicamentos en un contexto de corrupción generalizada en el sistema de salud.
También reclaman el fin de la impunidad en el país que, según datos oficiales, comprende a más del 90% de los crímenes cometidos, y piden que se instale una Comisión Internacional contra la Impunidad a través de las Naciones Unidas.