Una sala de Apelaciones rechazó este martes 13 de octubre de 2015 un amparo de garantías interpuesto por la defensa del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, con el que pretendía dejar sin efecto la resolución judicial que lo tiene en prisión preventiva, tras ser acusado de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal guatemalteco denegó el amparo provisional solicitado por el exmandatario, quien se encuentra encarcelado desde el pasado 3 de septiembre, cuando se presentó ante el juez a una audiencia de primera declaración. Días antes, el Parlamento le había retirado la inmunidad, tras lo cual el entonces mandatario dimitió.
La decisión de la sala deja en firme el dictamen del Juzgado B de Mayor Riesgo que procesó judicialmente al expresidente por su supuesta implicación en una millonaria red de corrupción aduanera bautizada como "La Línea".
El pasado 8 de septiembre, al dictar el auto de prisión preventiva, el juez explicó que lo hacía por "el peligro de la obstaculización de la verdad". Argumentó, además, que todavía hay personas prófugas y que por su investidura de expresidente, Pérez Molina tiene influencia en las personas prófugas y podría entorpecer la investigación de la fiscalía.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Pérez Molina era el líder de la presunta estructura criminal que operaba en el ente recaudador de impuestos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con la participación de al menos 49 personas.
Las autoridades cuentan con más de 88 mil escuchas telefónicas como evidencia del caso y hasta el momento han divulgado una grabación en la que Pérez Molina exige el cambio de un funcionario dentro de la SAT.
El general retirado se mantiene en que es inocente y aguarda en una prisión habilitada dentro de un cuartel militar para la continuación del proceso judicial, programada para diciembre próximo.
El exmandatario fue investido en enero de 2012 y debía culminar su período constitucional en el mismo mes de 2016.
Por el caso de corrupción "La Línea" hay más de 28 personas encarceladas, incluida Roxana Baldetti, quien acompañó a Pérez Molina como vicepresidenta desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando renunció salpicada por el escándalo.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional anunciaron la desarticulación de la red tras un año y medio de investigación conjunta.