Un juez guatemalteco ordenó este viernes investigar la participación del detenido expresidente Otto Pérez (2012-2015) en la adjudicación anómala de un usufructo portuario a una empresa española durante su mandato.
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B de Ciudad de Guatemala, determinó investigar a Pérez por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
Pérez es acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, de haber promovido el contrato irregular y de recibir parte de unos 30 millones de dólares otorgados en sobornos.
Una de las pruebas presentadas por los acusadores fue el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario de la vicepresidencia, quien vinculó a Otto Pérez en la estafa para beneficiar a la firma española Terminal de Contenedores Barcelona (TCB), que obtuvo el usufructo con una inversión de unos 255 millones de dólares.
El juez también ordenó investigar por los mismos delitos a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien guarda prisión por acusaciones de encabezar junto a Pérez una red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros.
Gálvez tiene pendiente de resolver en una audiencia si ambos deben enfrentar juicio.Debido a las anomalías en el proceso de usufructo, la semana pasada el presidente Jimmy Morales anunció que giró instrucciones a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para buscar la nulidad del polémico contrato.
La firma española opera en Guatemala con el nombre de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la cual funciona en el interior del Puerto Quetzal, 85 km al sur de la capital, sobre el Pacífico.
Acorralados por ese escándalo destapado el 16 de abril de 2015, Baldetti renunció el 8 de mayo y Pérez el 2 de septiembre, tras perder su inmunidad en el Congreso en medio de protestas callejeras de indignación.
La investigación por el contrato portuario es el tercer proceso que debe enfrentar Baldetti, debido a que en marzo otro juez ordenó pesquisar su intervención en la adjudicación irregular de un proyecto ambiental.
De acuerdo con la acusación, Roxana Baldetti participó en la concesión anómala de un contrato por 18 millones de dólares a una empresa israelí para descontaminar el lago de Amatilán con la aplicación de un químico.