CONTROVERSIA

Parlamento reelige como presidente a diputado leal a Daniel Ortega

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Bajo la presidencia de Gustavo Porras (Der.) el parlamento aprobó una polémica antiterrorista que criminaliza las manifestaciones contra el gobierno. Bajo la presidencia de Gustavo Porras (Der.) el parlamento aprobó una polémica antiterrorista que criminaliza las manifestaciones contra el gobierno.
Bajo la presidencia de Gustavo Porras (Der.) el parlamento aprobó una polémica antiterrorista que criminaliza las manifestaciones contra el gobierno. Tomado de Confidencial

El parlamento de Nicaragua, bajo control del oficialismo, reeligió este miércoles como presidente a Gustavo Porras, un sindicalista allegado al presidente Daniel Ortega.

Porras obtuvo 81 votos de los 92 diputados del congreso unicameral, y prometió trabajar por la reconciliación y prosperidad económica del país durante los dos años de su mandato.

"Estamos convencidos de que vamos por la consolidación de ese diálogo, la reconciliación, la seguridad, el trabajo y la paz para sacar adelante el país en términos económicos y hacer que prospere la familia nicaragüense", dijo tras ser juramentado.

También fueron reelectos en sus cargos seis miembros del directorio, integrado por cuatro diputados sandinistas, un liberal aliado del oficialismo y dos opositores. 

Porras es un médico y dirigente del sandinista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), brazo sindical del partido oficialista.

Bajo la presidencia de Porras el parlamento aprobó una polémica antiterrorista que criminaliza las manifestaciones contra el gobierno.

En virtud de esta norma, dirigentes estudiantiles, campesinos y pobladores que han participado en las protestas antigubernamentales han sido condenados con penas de hasta 90 años, aunque el código penal establece un máximo de 30 años de cárcel.

El Congreso también canceló, en un proceso expedito, la personería jurídica a nueve asociaciones y grupos de y derechos humanos, cuyos bienes les fueron incautados y trasladados al Estado con el fin de crear un fondo para resarcir a las supuestas víctimas del "terrorismo".

La represión a las protestas que comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social han dejado más de 320 muertos, 600 detenidos y miles de personas forzadas a huir a países vecinos.

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