CRISIS

Periodista nicaragüense denuncia a jefe de policía por allanar diario

Periodista nicaragüense denuncia a jefe de policía por allanar diario
Carlos Fernando Chamorro.

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro denunció este miércoles ante la fiscalía al jefe de la policía, Francisco Díaz, por "robo, usurpación de dominio y crimen organizado", al allanar y decomisar bienes del diario Confidencial y otros medios críticos del gobierno de Daniel Ortega.

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"Se esta produciendo una violación, usurpación del dominio privado y crimen organizado (...) y señalo como responsable a la policía y a su jefe, el director general Francisco Díaz", dijo Chamorro tras interponer su denuncia.

La policía allanó y posteriormente ocupó el viernes pasado las oficinas del diario digital Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, medios investigación dirigidos por Chamorro.

La acción policial fue calificada por Chamorro como "un robo masivo de equipos, documentos institucionales, contables y objetos personales" de él, otros periodistas y personal de apoyo.

Chamorro llegó a la ficalía acompañado de trabajadores y su esposa Desire Elizondo, quien es dueña de una empresa consultora que operaba en las mismas instalaciones. Hombres vestidos de civil filmaron a quienes interpusieron la denuncia y a los periodistas que cubrían el evento.

También interpuso un recurso de amparo ante el tribunal de apelaciones.

Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la ocupación de Confidencial.

El sábado el propietario de Confidencial y otros periodistas fueron agredidos con lujo de violencia por antimotines, cuando llegó a la Policía a pedir explicación por la toma de sus oficinas sin orden judicial.

El allanamiento y ocupación de los bienes de las empresas periodísticas de Chamorro es parte de las acciones contra nueve organizaciones cívicas y de derechos humanos a las que el parlamento les quitó su estatus legal y les acusó de golpistas y terroristas.

El periodista asegura que sus empresas tienen registro en la propiedad mercantil y no tienen relación con las organizaciones perseguidas, en el contexto de las protestas antigubernamentales que estallaron en abril, que dejaron más de 320 muertos, centenares de detenidos y miles de refugiados en países vecinos.

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