Un magistrado le ordenó el viernes a la ex primera dama Nadine Heredia que regrese a Lima en un plazo de 10 días y abandone su trabajo como alta funcionaria de la FAO en Ginebra mientras es investigada por el presunto delito de lavado de activos.
El juez de investigación preparatoria Richard Concepción también rechazó en audiencia pública la solicitud de los abogados de Heredia para que ella firme un cuaderno judicial cada mes en el consulado peruano de Ginebra, una regla de conducta que se le impuso durante la investigación.
El magistrado dijo que si la ex primera dama no regresa él podría ordenar su "prisión preventiva".
En la mañana el fiscal Germán Juárez había solicitado eso mismo para Heredia por supuestamente incumplir las reglas de conducta, pero su pedido fue desestimado.
Heredia fue nombrada el lunes directora de la oficina de enlace en Ginebra de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Ese día se presentó ante el juez y el fiscal y les informó que iba a viajar a Ginebra, e incluso les mostró los boletos de avión, según la defensa de la ex primera dama.
El caso tomó tal dimensión política que el presidente Pedro Kuczynski, su canciller y el parlamento exigieron a la FAO anular la designación de Heredia.
El órgano disciplinario judicial también comenzó a investigar al juez Concepción por su actuación en el caso.
El expresidente Ollanta Humala dijo a periodistas el viernes que la solicitud de prisión para su esposa y el comportamiento del gobierno muestran "una clara interferencia para presionar al poder judicial y podría ser que se vea que en Perú habría una persecución política".
La FAO rechazó el pedido del Gobierno peruano y defendió el nombramiento de Heredia, al que calificó de "transparente" y bajo la supervisión de un comité. Destacó que fue embajadora especial para la FAO en el Año Internacional de la Quinua 2013.
Heredia no tiene prohibido viajar fuera del país. El fiscal Juárez la investiga desde 2015 por el presunto delito de lavado de activos debido a unos presuntos ingresos no justificados por miles de dólares que se habrían usado para las campañas presidenciales de Humala en 2006 y 2011.
Hasta el momento el fiscal no la ha acusado ante un juez por el supuesto delito. De acuerdo con la hipótesis del fiscal, el presunto dinero que investiga fue enviado supuestamente por el Gobierno venezolano del entonces presidente Hugo Chávez entre 2005 y 2006 y por las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en 2011.
El delito de lavado de activos se castiga en Perú con entre 8 y 25 años de prisión.