En Perú se contabilizaron 32 mil 925 casos de corrupción en fase de investigación al cierre de 2016, de los cuales 27 están relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, informó el miércoles la Defensoría del Pueblo.
Se trata de denuncias que se encuentran tanto en el ámbito fiscal como judicial, y que han ido en incremento desde 2013, cuando existían 20 mil 563 casos, según el primer reporte "La corrupción en el Perú", lo que implica un alza de un 37% en los últimos 3 años.
De todos ellos, los gobiernos locales -municipalidades distritales y provinciales- representan el 42% de los casos el año pasado.
Según detalló el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, su institución se involucra en el tema porque la corrupción atenta contra los derechos humanos.
"En Perú se pierden más de 12 mil millones de soles anuales (3 mil 600 millones de dólares) por corrupción. Eso permitiría alimentar a 1.3 millones de personas bajo la línea de pobreza en tres años", precisó en conferencia con la prensa extranjera.
De todos los casos, 27 están relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, que ha admitido un pago de 29 millones de dólares de sobornos entre 2005-2014 a cambio de obtención de obras públicas en Perú, una práctica que llevó adelante en varios países de América Latina.
"Nos preocupa la megacorrupción o corrupción desde el poder, que es el abuso del poder estatal o político en las más altas instancias, que permiten ganancias indebidas a sectores privados", dijo Gutiérrez.
Para hacer seguimiento al tema, la Defensoría del Pueblo ha creado una oficina Adjunta Anticorrupción, "una suerte de colaborador crítico", del Estado, para proponer concretamente mejoras en políticas públicas en el sector, explicó el defensor.
"Es evidente que el Estado no está preparado para la lucha contra la corrupción. La última gran oleada fue en el año 2000 (al término del gobierno de Alberto Fujimori), y 17 años después vemos que nada hemos avanzado", agregó.