5:05 p.m. - GUATEMALA, Guatemala. (ACAN-EFE).- Alfonso Antonio Portillo se convirtió hoy en el primer ex presidente de Guatemala en afrontar a la justicia de su país que le acusa de una millonaria malversación de fondos públicos durante su administración (2000-2004).
Tras una larga batalla legal para impedir su juicio, por fin el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, presidido por Morelia Ríos, declaró hoy abierto el debate oral y público en contra del ex mandatario guatemalteco.
Portillo fue extraditado de México el 8 de octubre de 2008 por el delito de peculado (malversación) de unos 120 millones de quetzales (15 millones de dólares), pero quedó en libertad tras el pago de una fianza de 125 mil dólares.
Sin embargo, el 26 de enero de 2010 fue capturado en las costas del Caribe de Guatemala, a petición de los Estados Unidos (EU), que le reclama en extradición por el delito de conspiración para el lavado de dinero por un monto de 70 millones de dólares, y con ello se le revocó la libertad condicional de la que gozaba.
El 14 de enero de 2000 sucedió en la Presidencia al conservador Álvaro Alzú e inició una administración de cuatro años que estuvo marcada por la bicefalia en el poder del país, al ocupar Ríos Montt la Presidencia del Legislativo, donde el FRG contaba con 63 de 113 escaños, así como por el incumplimiento de promesas electorales sobre seguridad y aplicación de la justicia.
En marzo de 2002 las acusaciones de la prensa por corrupción le apuntaron tanto a él como a su vicepresidente, Juan Francisco Reyes y sus círculos más próximos, por unas transferencias millonarias de dinero público hacia cuentas en Panamá.
Un año después se conoció un desfalco al Seguro Social por un monto de 52 millones de dólares, que fue calificado como el "escándalo más terrible y criminal de su mandato".
Tras dejar la Presidencia, el 23 de enero de 2004, tomó posesión en su escaño nato en el Parlamento Centroamericano, cuando ya habían reaparecido las acusaciones de las cuentas en Panamá que la prensa cifraba en 50 millones de dólares.
Al verse acorralado por la justicia por las denuncias de corrupción, el 18 de febrero huyó a México horas antes de que el fiscal general anunciara la petición de arraigo (imposibilidad de dejar el país) y de que la Corte Constitucional le levantara la inmunidad parlamentaria.
Tras fracasar, en enero de 2008, la batalla legal por evitar su extradición, el 7 de octubre de ese año pidió a las autoridades mexicanas que aceptaran su extradición y al día siguiente se entregó a la justicia de su país para hacer frente a las acusaciones que pesaban contra él.
El delito de peculado por el que es juzgado Portillo contempla una pena de tres a diez años de prisión en Guatemala. Luego de ser juzgado en su país, Portillo deberá enfrentar a la justicia de EU que lo reclama en extradición, que ya fue autorizada en marzo de 2010 por la misma jueza que hoy lo tiene sentando en el banquillo.
