INVESTIGACIÓN

Premian a jueza guatemalteca por combatir corrupción

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‘El costo más alto ha sido haber dejado a mis hermanas y a mis padres allá’, dijo Escobar. ‘El costo más alto ha sido haber dejado a mis hermanas y a mis padres allá’, dijo Escobar.
‘El costo más alto ha sido haber dejado a mis hermanas y a mis padres allá’, dijo Escobar. AP

Claudia Escobar nunca había grabado una conversación, pero sus sospechas la llevaron a instalar en su tableta una aplicación para hacerlo minutos antes de una reunión clave.

La jueza guatemalteca colocó discretamente su dispositivo sobre la mesa y el audio de 40 minutos que obtuvo durante un encuentro celebrado en septiembre de 2014 sirvió para sentenciar recientemente a 13 años de cárcel al entonces presidente del Congreso por tráfico de influencias. Poco después, ella salió de su país para proteger a su esposo y sus seis hijos.

“El costo más alto ha sido haber dejado a mis hermanas y a mis padres allá”, dijo Escobar, quien recibe este miércoles 7 de junio un reconocimiento de National Endowment for Democracy.

“Perder eso es invaluable, pero si yo quería rescatar a mi país de las manos del crimen organizado no podía guardarme esa información”. Durante aquella reunión el diputado Gudy Rivera le ofreció apoyo para elegirla magistrada a cambio de que anulara una orden judicial que suspendía a la entonces vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti de la secretaría general del Partido Patriota, al cual pertenecían Baldetti y Rivera.

Rivera era considerado el hombre fuerte del entonces partido de gobierno, del que también fue jefe de bancada, y hombre de confianza del entonces presidente Otto Pérez Molina.

Baldetti y Pérez Molina renunciaron en 2015 y han estado bajo arresto acusados de beneficiarse de una supuesta red de corrupción que defraudó al Estado en varios millones de dólares.

Escobar incluyó el audio en la denuncia que formuló sobre el intento de soborno y renunció a su designación como magistrada argumentando que el proceso había sido anómalo.

En enero de 2015 se mudó a Estados Unidos tras denunciar que se sentía amenazada en su país y recibir una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También interpuso una denuncia de violación a la independencia judicial que está actualmente en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carl Gershman, presidente de la organización sin fines de lucro, señaló que reconocerá a Escobar y a activistas de otros cuatro países que “han arriesgado sus carreras, su libertad y sus propias vidas para denunciar corrupción y sus terribles consecuencias”.

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