El presidente de Perú, Ollanta Humala, cuestionó el jueves a la justicia del país, que falló a favor de continuar con una investigación por lavado de activos a su esposa y líder del partido oficialista, Nadine Heredia.
"Nos preocupa la inseguridad jurídica que puede estar pasando con los ciudadanos de a pie, que a partir de ahora ya no haya el concepto de la cosa decidida y cosa juzgada", dijo Humala en una actividad pública.
El miércoles, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que permite a la fiscalía de lavado de activos continuar con las investigaciones a Heredia, pese a que su defensa insistió en que el tema por el que se le acusa ya había sido investigado y luego archivado en 2011.
Al conocer la decisión, Heredia, presidenta del Partido Nacionalista, dijo sentirse "decepcionada" y "desamparada con la justicia, porque ha desatendido sus funciones constitucionales".
Heredia cuestionó que el fallo "haya sido emitido con una velocidad inusitada", cuando los magistrados del máximo tribunal peruano debían leer un expediente de más de 20 mil folios.
"La justicia que tarda, no es justicia, y la justicia atolondrada, tampoco lo es", agregó Humala, en evidente referencia a la situación de su esposa.
Tras la decisión del tribunal la fiscalía puede continuar con sus indagaciones, que comprenden un caso de presuntos ingresos injustificados por unos 215 mil dólares entre 2005 y 2009, cuando Heredia era una ciudadana común, lapso en el cual la campaña de Humala recibió aportes de empresas venezolanas.
El propio Humala descartó en su momento que hubiese alguna ilegalidad en ello y aseguró que fueron donaciones formales.
Heredia también es investigada por el contenido de unas agendas que serían de su propiedad, y en donde están consignados montos y transferencias de dinero presuntamente referidos a la campaña electoral de su esposo.
"Estamos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Se garantiza la objetividad, imparcialidad e independencia en la investigación fiscal", dijo por su parte el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el jueves.
El tema recrudeció esta semana luego de que el gobierno destituyera el martes a la procuradora de lavado de activos a cargo del caso, Julia Príncipe, quien afirmó haber sido presionada por el ministerio de Justicia e impedida de referirse públicamente a la investigación.
El ministro de Justicia también se fue, en medio del escándalo. Una encuesta de octubre muestra una desaprobación de 84.4% para Humala y de 82.6% para Heredia.
El presidente, que asumió en 2011, deja el mando en julio de 2016.El ruido político en el país se ha intensificado con la cercanía de las elecciones generales de abril del próximo año.
