El presidente Donald Trump despidió el lunes a la secretaria interina de Justicia Sally Yates después de que ella anunció que no defendería en tribunales su controversial decreto sobre inmigración.
El insólito enfrentamiento público sobre la decisión de política más crítica de Trump hasta la fecha pone al descubierto el disentimiento que rodea la orden ejecutiva, la cual suspende temporalmente todo el programa de refugiados de Estados Unidos e impide durante 90 días la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
El despido ocurre horas después de que Yates ordenó a abogados del Departamento de Justicia no defender el decreto presidencial y de que dijo que no estaba convencida de que fuera legal o congruente con "la obligación de la agencia de buscar siempre la justicia y defender lo que es correcto".
En un comunicado, Trump dijo que Yates "ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a la aplicación de un decreto jurídico diseñado para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos".
El mandatario nombró en su lugar a Dana Boente, quien ha sido fiscal federal durante mucho tiempo. Boente juramentó en una ceremonia improvisada la noche del lunes a la que no fueron invitados reporteros.
Trump seleccionó al senador Jeff Sessions para que encabece el Departamento de Justicia, pero no ha sido confirmado por el Senado.
La abrupta decisión de Yates refleja el desacuerdo sobre el decreto y el distanciamiento entre funcionarios de gobierno y dicha política.
Mientras estallaban manifestaciones en varios aeropuertos durante el fin de semana y la confusión ocasionaba trastornos en muchas partes del mundo, algunos asesores de alto nivel de Trump y colegas republicanos señalaban en privado que no fueron consultados sobre la orden ejecutiva.
Al menos tres funcionarios de seguridad nacional de primer nivel —el secretario de Defensa Jim Mattis, el de Seguridad Nacional John Kelly y Rex Tillerson, quien está esperando la confirmación al cargo de secretario de Estado— han dicho a asociados que se enteraron de detalles de la directriz hasta cerca del momento en que fue firmada por Trump.
Altos funcionarios de Inteligencia tampoco estaban enterados con anterioridad, según funcionarios federales.
El senador Bob Corker, el republicano de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta, dijo que a pesar de la promesa de la Casa Blanca de que los líderes del Congreso serían consultados, él se enteró del decreto a través de la prensa.