Prisión para nueve integrantes del gobierno catalán cesado

Prisión para nueve integrantes del gobierno catalán cesado
Prisión para nueve integrantes del gobierno catalán cesado

Una juez de la Audiencia Nacional de España decretó el jueves prisión para nueve integrantes del gobierno catalán cesado por posibles cargos de rebelión, sedición y malversación por haber declarado la independencia de la región.

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En el caso del exconsejero Santiago Vila, la magistrada Carmen Lamela dictaminó prisión eludible si paga una fianza de cerca de 58 mil dólares y permanecerá en prisión hasta que deposite dicha cantidad.

Los encausados llegaron sin hacer declaraciones y acompañados de otros políticos independentistas que fueron a expresarles su apoyo.



Además del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, otros exconsejeros sentenciados son Jordi Turull, exvocero de la presidencia catalana; Raül Romeva, exconsejero de exteriores; Josep Rull, asuntos territoriales; Dolors Bassa, trabajo; Meritxell Borrás, cultura; Joaquim Forn, interior, y Carles Mundó, de justicia.

La juez Lamela dictaminó que serán trasladados de inmediato a prisión.

Mientras, un fiscal español le pidió a la Audiencia Nacional emitir una orden de arresto internacional contra el destituido líder catalán, Carles Puigdemont, y cuatro de sus exministros.

Puigdemont se fue a Bélgica el martes con algunos exministros, afirmando que buscaban “libertad y seguridad”. Él y cuatro exfuncionarios permanecían el jueves en la capital belga mientras los nueve exconsejeros catalanes sí comparecieron en Madrid, donde les fue dictada la sentencia.

Entretanto, seis legisladores catalanes comparecieron en el Tribunal Suprema en una sesión paralela. Se les dio una semana para preparar su defensa y se les dio instrucciones de regresar para ser interpelados el 9 de noviembre.

Veinte políticos regionales, incluido Puigdemont, estaban citados a comparecer después de que el fiscal general del estado pidiera que se presentaran cargos de rebelión, sedición y malversación en su contra tras la declaración de secesión votada el 27 de octubre en el Parlamento regional. De ser hallados culpables, podrían ser sentenciados a hasta 30 años de cárcel. 


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