BUENOS AIRES, Argentina. REUTERS. —El regulador argentino de medios de comunicación aprobó ayer lunes 17 de febrero la reorganización empresarial propuesta por el gigante Grupo Clarín para dividirse en seis unidades de negocios y así adecuarse a una polémica norma audiovisual.
El conglomerado, el mayor grupo de medios de Argentina, había planteado su escisión para cumplir con una ley antimonopolio tras una batalla legal de cuatro años que terminó en octubre pasado con una decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la norma.
Clarín tendrá 180 días para concretar su división, que podrá llevarse a cabo mediante la venta de licencias para operar radios y canales de TV o a través de su distribución entre los actuales accionistas del grupo.
“Vamos hacia un panorama de servicios audiovisuales mucho más plural, más democrático, con más libertad, sin que ningún patrón le imponga condiciones y agenda al resto de los medios”, dijo en un comunicado el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella.
La aceptación de la propuesta por parte del AFSCA implica que el Grupo Clarín no será desguazado en forma compulsiva. “Dicha aprobación no es sino el paso administrativo necesario y natural tras la presentación de un plan técnica y jurídicamente inobjetable, que se ajusta a derecho y cumple al detalle con las previsiones de la norma”, dijo el Grupo Clarín en un comunicado.
Agregó que las declaraciones adversas de Sabbatella “no hacen más que confirmar su falta de imparcialidad y su intolerancia a los pocos medios que el poder político no controla. Y ratifican que la intención oficial con la ley de medios ha sido la desarticulación de las escasas voces independientes que subsisten en el mundo audiovisual”.
El grupo de medios, un fuerte crítico de la gestión de la presidenta Cristina Fernández, controla el principal operador de televisión por cable del país, el diario de mayor tirada, las radios más escuchadas y dos de los canales de TV con mayor audiencia, entre otros activos.
El grupo resistió judicialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el argumento de que busca acallar voces que cuestionan a Fernández, quien defendió la norma sancionada por el Congreso en 2009 como una forma de “democratizar” los medios y combatir “monopolios”.