Amenazada de destitución, la presidenta brasileña Dilma Rousseff estudia la posibilidad de renunciar a su cargo y pedir al Congreso que convoque nuevas elecciones presidenciales el 2 de octubre, informó el lunes el diario O Globo.
Expertos y sondeos estiman altamente probable que el Senado suspenda a Rousseff del cargo por hasta 180 días el próximo 11 o 12 de mayo, mientras es sometida a un juicio político por maquillaje de las cuentas públicas.
El proceso de destitución ya fue aprobado en la Cámara de Diputados por fuerte mayoría el pasado 17 de abril, en medio de una tormenta política que conjuga intrigas y traiciones partidarias, una inmensa investigación por corrupción en la estatal Petrobras y la peor recesión económica en décadas.
Rousseff, una exguerrillera de 68 años que fue reelecta hace un año y medio, asegura que es víctima de un intento de golpe de Estado y hasta ahora ha insistido en que se aferrará a su cargo.
Pero su eventual renuncia puede ser una jugada de último minuto para forzar a renunciar también al vicepresidente Michel Temer, a quien Rousseff acusa de tramar en su contra para heredar la presidencia desde el día que sea suspendida por el Senado.
"Percibimos que el impeachment está avanzando y decidimos en el medio del camino encontrar una alternativa", dijo el senador Paulo Paim, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), a O Globo.
"En el PT crece el apoyo" a esta medida; "los sondeos dicen que la población quiere nuevas elecciones", afirmó.
Una encuesta de Ibope divulgada la semana pasada mostró que un 62% de los brasileños considera que la crisis política se resolvería con la renuncia de Rousseff y Temer y la convocatoria a nuevos comicios.
Paim admitió no obstante que hoy en día el PT no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para aprobar el pedido de nuevas elecciones para octubre -fecha en que están previstas elecciones municipales en todo el país-, que requeriría el apoyo de tres quintos de cada cámara (308 votos en Diputados y 49 en el Senado).
O Globo informó que la medida no cuenta aún con consenso entre todos los ministros aliados y enfrenta resistencias en el Movimiento de los campesinos Sin Tierra (MST), uno de los pilares de apoyo del gobierno.
Contactada por la AFP, la Presidencia no quiso comentar la información.