SIP insta a Correa a que pida a CIDH opinión sobre nueva ley de comunicación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió hoy al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que solicite una opinión de la CIDH sobre la compatibilidad de la nueva Ley de Comunicación con los estándares internacionales en materia de libe

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La Ley de Comunicación ecuatoriana entró en vigor el pasado 14 de julio, pero se gestó en 2009 bajo los auspicios del poder Ejecutivo. La Ley de Comunicación ecuatoriana entró en vigor el pasado 14 de julio, pero se gestó en 2009 bajo los auspicios del poder Ejecutivo.
La Ley de Comunicación ecuatoriana entró en vigor el pasado 14 de julio, pero se gestó en 2009 bajo los auspicios del poder Ejecutivo.

MIAMI, Estados Unidos. (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió hoy al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que solicite una opinión de la CIDH sobre la compatibilidad de la nueva Ley de Comunicación con los estándares internacionales en materia de libertad de prensa y expresión.

La petición de la SIP a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) forma parte de una carta conjunta que enviaron este jueves 35 organizaciones nacionales e internacionales centradas en la defensa de la libertad de prensa, dentro de la Red Global IFEX.

En la carta se considera que esa "Opinión Consultiva podría ser decisiva para otorgar definitivamente a la Ley de Comunicación del Ecuador una legitimidad que ahora está en duda", a la luz de los artículos 19 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.

La Ley de Comunicación ecuatoriana entró en vigor el pasado 14 de julio, pero se gestó en 2009 bajo los auspicios del poder Ejecutivo con la intención de regular a los medios de comunicación, destacó la SIP en un comunicado divulgado hoy.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, ha denunciado que la nueva ley de comunicación de Ecuador es una suerte de "ley mordaza", ya que establece "entes gubernamentales que tienen la potestad de controlar la propiedad de los medios, imponer censura directa e intromisión en los contenidos".

Además, esta ley define "quién puede o no ser periodista y crea nuevos delitos de prensa que privilegian a las autoridades y funcionarios públicos por sobre los ciudadanos", subrayó la SIP.

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